La Junta de Castilla-La Mancha se ha querellado contra la exvicepresidenta del Gobierno regional María Luisa Araújo, la exconsejera de Cultura Soledad Herrero y el expresidente de Gicaman Juan Cámara por un supuesto delito de fraude funcionarial cometido en la compra de un edificio en Ciudad Real, adquirido por un precio superior en más de dos millones al inicial.
Fuentes del Gobierno han informado a Efe de que los hechos se remontan a octubre de 2008, cuando la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A. (Gicaman) recibió una encomienda de gestión de la Consejería de Cultura de la Junta para la compra de un inmueble en Ciudad Real a la empresa constructora Aldea Fernández, por un precio de 4,5 millones de euros, a pesar de que esta misma firma había comprado este edificio en 2006 a Cruz Roja por 3,3 millones de euros.
Según estas fuentes, la querella, que se ha presentado hoy en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, también se ha interpuesto contra el administrador de esta empresa a la que se compró el inmueble, Manuel Sánchez-Montañés.
Estas mismas fuentes han explicado que la encomienda de gestión de la Consejería a Gicaman para la compra del edificio ya es ilegal en sí misma, pues con esta medida, Cultura asumía que no tenía capacidad financiera para comprar el edificio.
La querella también relata que la Delegación de la Junta en Ciudad Real propuso a Araújo una operación de permuta, para intercambiar la titularidad de ese edificio por la de otro, si bien al parecer esta propuesta no prosperó.
Relata la querella que, finalmente, Gicaman obtuvo una autorización de gasto por parte de la Junta de 5,9 millones de euros para la compra de este inmueble, una cantidad que fue financiada por una entidad bancaria y en la que también se incluyen los intereses del préstamo.
Según considera el Gobierno regional en su querella, estos hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito de fraude funcionarial, por lo que los tres ex miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha se podrían enfrentar a penas de cárcel que oscilan entre el año y los tres años, además de seis a diez años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público.