La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) está trabajando para que a los ayuntamientos cuyo plan de ajuste ha sido rechazado por el Ministerio de Hacienda no se les quite el 50 por 100 de su participación de los tributos del Estado sino únicamente el 25 por 100. Así lo ha explicado hoy a los periodistas, en Toledo, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, que se reunió con el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz. El Gobierno regional suscribió un convenio con la FEMP en Castilla-La Mancha.
El Ministerio no ha facilitado a la FEMP el dato del número de ayuntamientos a los que se ha rechazado el plan de ajuste, que es el requisito imprescindible para acogerse al mecanismo extraordinario de pago a proveedores.
Estos ayuntamientos no tienen posibilidad de recurrir, porque así lo establecía el decreto del Gobierno, pero sí pueden solicitar que no se les quite el 50 por ciento de su participación en los tributos del Estado sino únicamente el 25 por ciento.
«Prácticamente es la única vía que tienen», ha dicho Lucas-Torres, que ha explicado que la fórmula de solicitarlo es presentar un proyecto para que se conceda la reducción de su participación en los tributos del Estado.
Entre los Ayuntamientos a los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha rechazado el plan de ajuste está el de Cuenca.
Por su parte. el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha señalado que “la vocación del Gobierno es trabajar todos los días para que los exiguos medios con los que en estos momentos contamos sean distribuidos de la forma socialmente más justa posible, de modo que ningún castellano- manchego se quede atrás, de modo que podamos combatir la vulnerabilidad social”.
A su juicio, el acuerdo suscrito entre la FEMP y la Junta servirá como “herramienta adicional para aprovechar sinergias”, especialmente en lo relacionado con los servicios de asistencia técnica que prestan ambas instituciones. El titular de Sanidad ha señalado que ambas instituciones coinciden en la necesidad de “trabajar con austeridad, evitando cualquier duplicidad”.
El propio convenio detalla que “las actuales circunstancias económicas, con un grave déficit presupuestario y una notable disminución de recursos por parte de las entidades locales, junto a la necesidad de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos que tienen encomendada, aconsejan una mayor colaboración entre la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha”, lo que ha propiciado la colaboración entre ambas “para el asesoramiento y la asistencia técnica a las entidades locales para la puesta en funcionamiento de proyectos que requieran de una intervención en las materias propias de asuntos sociales y de cooperación internacional para el desarrollo”.
Las entidades locales que quieran acogerse a los convenios específicos referidos en este convenio marco deberán solicitarlos a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. En el caso de que la solicitud se hubiera presentado directamente a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha, se derivará a la FEMP-CLM. Con el fin de desarrollar las materias objeto del presente convenio marco, se creará una Comisión de Coordinación y Seguimiento, que tendrá como función definir los ámbitos de coordinación entre las administraciones firmantes de todos aquellos convenios específicos de colaboración que deriven del convenio marco.
RELEVANCIA DEL ACUERDO EN MUCHOS PROGRAMAS SOCIALES
Tanto José Ignacio Echániz como Santiago Lucas-Torres han destacado la relevancia que tiene para Castilla-La Mancha la aplicación de programas que, como el Programa RegionaI de Integración Social (PRIS), se canalizan de manera muy destacada a través de los municipios de la región.
Echániz ha calificado el PRIS como “extraordinariamente importante, en un momento de dificultades económicas, en el que hay mucha gente que lo está pasando mal, por cuanto da cobertura a una parte importante de la gestión social en la comunidad autónoma”.
Los beneficiarios del PRIS pueden ser mancomunidades y agrupaciones de municipios, entidades no lucrativas, organizaciones privadas de iniciativa social y asociaciones promotoras de empresas de inserción. En todo caso, las personas, familias o grupos destinatarios de los programas y proyectos para los que se solicitan las ayudas reguladas por las convocatorias serán aquellas que se encuentran en riesgo o situación de exclusión social por inexistencia de ingresos económicos, ausencia de familiares o ruptura familiar, desempleo, ausencia de hábitos sociales, adicciones, habitar viviendas inadecuadas o insalubres, pertenencia a minorías étnicas o inmigrantes, etc. Cada proyecto puede contar como máximo con un millón de euros de ayuda pública regional.
A lo largo de las próximas semanas, se procederá a la firma de los correspondientes convenios para la prestación de los servicios sociales básicos con numerosos ayuntamientos de la región: el Plan Concertado, el Plan Regional de Acción Social y ayuda a domicilio, así como la convocatoria de ayudas para el año 2012 para la ejecución de programas y proyectos en materia de integración social, tanto por parte de entidades locales como de entidades no lucrativas y organizaciones privadas de iniciativa social.
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Con estas acciones, la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales impulsa de forma decidida la colaboración para la prestación de servicios sociales con las entidades locales, ordenando su ejecución y evitando duplicidades e ineficiencias. Los convenios para la prestación del servicio de ayuda a domicilio garantizarán la atención de las personas dependientes o que precisen una ayuda para mantener un buen nivel de autonomía personal en su entorno habitual.
Tanto el Plan Concertado como los Convenios Supramunicipales, suscritos entre la Consejería y los ayuntamientos y agrupaciones de municipios, contribuyen a financiar los servicios sociales en el ámbito municipal, que actúan de forma complementaria y coordinada con los servicios sociales básicos de atención primaria, dependientes de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
El Plan Regional de Integración Social y los Planes Locales suponen un instrumento para la lucha contra la exclusión social en nuestra comunidad Autónoma en un momento en el que se hace más necesaria que nunca una intervención coordinada de las Administraciones y las Entidades.