El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha señalado que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha tiene toda la «legitimidad» para recurrir los distintos Planes de Cuenca que afectan a la región, en especial el de la cuenca del Guadiana.
En rueda de prensa junto al secretario provincial de Ciudad Real, Pascual Ortiz; el secretario de Agricultura, Ramón Sáez, y la secretaria de Desarrollo Rural de UPA CLM, María Sánchez, Morcillo ha dado cuenta de los fundamentos básicos del recurso formalizado estos días en la sala tercera del Tribunal Supremo (TS).
UPA CLM ha pedido la nulidad del decreto que hace referencia a la cuenca del Guadiana porque, entre otras razones, «existe un baile de cifras en cuanto a la superficie de regadío puestas de manifiesto por la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), en muchos casos contradictorias y que obedece a un tratamiento interesado pero con consecuencias dramáticas para los regantes».
«Se incrementa la superficie de riego legal, manteniendo el recurso renovable invariable, lo que nos lleva a una dotación media de 1.000 metros cúbicos (m3) por hectárea» que, ha opinado, «lleva a nuestros regantes al secano».
UPA CLM acompaña en esta demanda a las comunidades de regantes de Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Bolaños y Almagro, Campo de Criptana, Arenales de San Gregorio y Pedro Muñoz, Campo de Montiel, El Provencio, Herencia, Las Mesas, Las Pedroñeras, Sierra de Altomira, Manzanares, Socuéllamos, Tomelloso, Villarrobledo, Villarubia de los Ojos, Fuentefresno y Malagón, Villarta de San Juan y Puerto Lápice, así como COAG Castilla-La Mancha.
Morcillo ha referido que «la dotación legal media es de 4.278 m3 por hectárea y ahora se plantea una media de 1.000 m3 lo que no permite desarrollar nuestros cultivos, es una pérdida de productividad tremenda, menores ingresos, y afecta al patrimonio, a la sostenibilidad de las explotaciones».
Además, ha incidido, «tendrá gravísimas consecuencias socioeconómicas para una zona donde se sitúa la mitad del regadío de la región: 250.000 hectáreas».
Por eso, UPA «pone en duda todas las declaraciones de riegos del Alto Guadiana, incluso las declaraciones de sobreexplotación que afectan a los anteriores acuíferos 23 y 24».
Y, como ejemplo, ha explicado que «en el acuífero 23, la CHG reconoce 195.659 hectáreas de riego legal, superficie que por imperativo legal desde la propia declaración de sobreexplotación en febrero del 87 no se ha podido incrementar ni han existido otorgamiento de nuevas explotaciones ni derechos, por lo que no entendemos el motivo por el que el plan de Cuenca en algunos apartados solo aparecen unas 124.000 hectáreas».
Morcillo ha explicado que «en las últimas tres décadas, en este acuífero hemos venido usando con los planes de extracción aprobados (2.000 m3 en herbáceos y 1.500 m3 en leñosos), 326,72 hectómetros cúbicos al año».
«Utilizando estos recursos disponibles, según informes del IGME del 2012-16, la evolución del acuífero es positiva y han subido los niveles freáticos», un dato que «pone en evidencia la propia declaración de sobreexplotación de las masas» por lo que UPA CLM «insiste en la nulidad de pleno derecho del proceso».
Según Morcillo, hay cuestiones específicas en el recurso como la situación hidrogeológica del Alto Guadiana que «nada tiene que ver con lo plasmado en el plan de Cuenca», el funcionamiento de la masa de agua del Campo de Montiel, los recursos disponibles de la Sierra de Altomira o la valoración de la transferencia de agua subterránea de la masa Rus-Valdelobos hacia el Júcar, ha advertido.
Además, «en el periodo que ahora se abre de prueba se aportarán nuevas periciales y testificales a las que habrá que sumar el recurso que ha anticipado el Gobierno regional», ha concluido.