Los trabajadores de la seguridad en los edificios públicos de la Junta de Castilla-La Mancha y del Sescam van a protestar todos los jueves, coincidiendo con los Plenos de las Cortes regionales, ante estas y el edificio de Presidencia, por la nueva adjudicación de la contrata, en beneficio de la UTE formada por las empresas Cyrasa Seguridad y Sinergias de Vigilancia y Seguridad (en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara), ya que denuncian que a partir de ahora «van a bajar sus salarios hasta un 40 por 100», según uno de los representantes sindicales, de USO.
Informa este representante sindical que el sueldo medio de estos trabajadores ronda los 1.200 euros, y que tras la nueva contrata pasarían a cobrar en torno a los 700 euros, un salario «obviamente insuficiente para las 130 familias afectadas, 90 en Toledo» afirma. De hecho, la medida de protesta ya la habían acordado antes, pero han esperado hasta ahora a ver si la mediación de la Junta les ofrecía alguna solución.
Un anexo: la solución que no prosperó
Siempre según USO (tres delegados sindicales), UGT (uno) y CCOO (uno), que conforman el comité de empresa, la Junta de Castilla-La Mancha habría acordado con los trabajadores incluir un anexo en el contrato para garantizar las anteriores condiciones salariales, estipuladas en el convenio estatal (el que regía en la contrata anterior, que recayó en Grupo Sureste), «antes de que sus propios servicios jurídicos les indicaran que la inclusión de dicho anexo no se podía hacer».
[ze_summary text=»La Junta nos promete iniciar un expediente de finalización de contrato a la empresa si no cumple las condiones anteriores»]La Junta nos promete iniciar un expediente de finalización de contrato a la empresa si no cumple las condiones anteriores[/ze_summary]La firma definitiva de la contrata se ha producido esta semana, según USO, «con la promesa de la Junta de abrir un expediente de finalización de contrato a la empresa si esta no cumple las anteriores condiciones salariales, como estipula el artículo XIV del convenio nacional», añade. Los trabajadores temen que todo caso, si la Junta tuviese que recurrir a esta medida, el tiempo que llevaría resolver el conflicto correría en su contra, con el consiguiente perjuicio económico.
USO asegura que «Sinergias de Vigilancia y Seguridad tienen su propio convenio privado, que ya ha incumplido reiteradamente el convenio estatal en otras comunidades», denuncian. Además de la supuesta rebaja salarial, la nueva adjudicataria «podría inclumplir las condiciones en otros aspectos como nocturnidades y festivos, así como no hacer revisiones salariales hasta los seis años», añaden.
«Un ahorro de 400.000 euros sobre cinco millones»
Siempre según USO, la nueva adjudicataria «sobre un contrato de cinco millones, habría ganado la adjudicación al presentar la mejor oferta económica, al suponer un ahorro de 400.000 euros».
Estos trabajadores no pueden plantearse la huelga ya que «solo la pueden hacer los que están librando, puesto que ponen unos servicios mínimos del 100 por 100», informa USO.
encastillalamancha.es se puso en contacto con la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la empresa «Sinergias de Vigilancia y Seguridad» para obtener su valoración de este conflicto laboral, sin obtener respuesta.