Ruiz Molina, que se ha reunido con Retamosa (CSIF) para darle a conocer las repercusiones que tendrá el rechazo al presupuesto de la Junta para 2017 por Podemos y PP, no ha descartado ninguna posibilidad y ha comentado que el Gobierno regional tomará la decisión «que más beneficia a los intereses de los ciudadanos» tras la ronda de contactos que ha iniciado con colectivos y organizaciones.
A preguntas de los periodistas, el consejero ha dicho: «Siempre estamos a tiempo de presentar un proyecto de presupuestos», aunque ha insistido en que antes el Ejecutivo autonómico debe completar la ronda con todos los agentes sociales y económicos.
Asimismo, ha calificado «de sentido común» la propuesta que ha hecho el diputado regional de Podemos David Llorente de que no comparecieran los consejeros para explicar el presupuesto si hubiera una nueva tramitación parlamentaria, aunque ha puntualizado que es una decisión que competería a la Mesa de las Cortes.
Ruiz Molina no ha descartado «nada», pero ha recordado que, en la ronda de contactos del Gobierno, a él le corresponde hablar con los representantes de los trabajadores, con los que se había negociado además la recuperación de las retribuciones que perdieron los empleados públicos con la denominada «tasa Cospedal» o la oferta de empleo público (OPE).
En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo quería que este año se iniciara la recuperación del 3 % de reducción retributiva de la «tasa Cospedal», para lo que el presupuesto de 2017 contemplaba una subida del 1,5 % para los empleados públicos.
Esta recuperación no se va a poder acometer con un presupuesto prorrogado, ha asegurado Ruiz Molina, que ha advertido que también habrá dificultades para aplicar la subida salarial del 1 % que prevé el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los empleados públicos.
Este aumento retributivo del 1 % no estará contemplado en un presupuesto prorrogado, lo que obligará a hacer modificaciones presupuestarias necesarias para poder acometer ese incremento si los PGE son aprobados, ha adelantado Ruiz Molina.
Será necesario quitar el dinero de otras partidas, ya sea de gasto de personal o del resto de partidas que se habían contemplado para cumplir los objetivos de recuperación económica, ha apuntado el consejero, porque esta medida es de obligado cumplimiento al ser legislación básica del Estado.
También ha avisado que habrá dificultades en relación con la oferta pública de empleo para 2017 y en los procesos selectivos de la oferta pública del ejercicio pasado, en la medida en que suponen un gasto que tampoco estaba contemplado en el presupuesto de 2016 por lo que requerirá también una reordenación de las partidas presupuestarias.
Los procesos se van a seguir realizando, pero los gastos que conllevan tienen que afrontarse mediante la reducción de otras partidas para acometer gastos de estas características que no se pueden absorber con un presupuesto prorrogado, ha apuntado.
Asimismo, ha señalado que el presupuesto de 2017 contemplaba un incremento importante de 300 millones en gasto no financiero, que no podrán ser redirigidos hacia la política social como se pretendía al destinar el 70 % a gasto social, ya que según Ruiz Molina: «Era un presupuesto redistributivo, que estaba orientado a la población más humilde y necesitada».
Por su parte, Retamosa ha confiado en que al final habrá acuerdo entre los partidos políticos para aprobar un presupuesto y ha abogado por la necesidad de que retomen el diálogo.
Retamosa ha apelado a la «responsabilidad» de los políticos y ha aseverado: «El partido que no apruebe los presupuestos lo va a tener muy mal, porque está jugando con la sanidad, con la educación, con el bienestar social y eso no se puede permitir, sería una irresponsabilidad absoluta».
No obstante, ha expresado su convencimiento de que «al final habrá acuerdo» y ha sentenciado: «Es el momento del diálogo, el momento de la unión y el momento de salir de esto».