Un pueblo de Guadalajara requerirá 7.058 años para saldar su deuda, según los datos que ha ofrecido el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sobre los planes de ajuste solicitados por el Ministerio de Hacienda a los Ayuntamientos.
Un total de 2.004 ayuntamientos no han presentado los planes de ajuste solicitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de los 2.305 registrados, 315 han tenido una valoración negativa.
Beteta, que ha hablado de «El futuro de los Gobiernos locales en España», en un desayuno organizado por la Fundación Democracia y Gobierno local, se ha referido a esos planes que Hacienda exige para poder acogerse a las ayudas para el pago a proveedores, que empezará a ejecutarse «antes de final de mayo».
Ha explicado que 4.623 entidades locales presentaron casi dos millones de facturas por valor de 9.750 millones de euros, si bien finalmente se liquidarán 1.629.322 facturas.
Además, 2.619 entidades remitieron los planes de ajuste, de los que 2.305 pasaron los controles y 315 no.
El secretario de Estado ha considerado que «lo más grave» es que 2.004 no los hayan enviado y ha agregado que «tampoco cumplen con la obligación» de someterse a la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Ha puesto varios ejemplos de esos incumplimientos, ya que tampoco acudieron al Tribunal de Cuentas 2.496 entidades en 2006 ó 3.222 en 2010.
Tras calificar esta situación de «intolerable» y de insistir en que no se repetirá al estar en vigor la ley de Estabilidad Presupuestaria, Beteta ha dado «datos escalofriantes» derivados de estos planes de ajuste, como que un pueblo de Guadalajara requerirá 7.058 años para saldar su deuda; otro de Teruel, 462, y uno «importante» de Madrid, 22 años.
Se ha preguntado si es posible mantener esta situación, que ha atribuido a la irresponsabilidad del gestor local y a la de quien debe velar por ello, y ha precisado que «ha fallado el sistema», desde los controles municipales a los de las diputaciones, comunidad autónoma y el mismo Ministerio.
En su opinión, con la ley de Estabilidad no se podrá gastar más de lo que se ingrese, ya que de lo contrario habrá sanciones que para las corporaciones pueden suponer su disolución y la inhabilitación para los gestores. «La crisis fiscal» de las corporaciones locales no tiene precedentes, afirmó, para recalcar su gravedad.
A pesar de todo, Beteta cree que «pueden y deben salir reforzadas» tras superar ese «reto difícil» que es la crisis económica y unas «circunstancias tan adversas».
A su juicio, la realidad municipal se enfrenta «a su mayor desafío» y pasa, «necesariamente», por su redefinición», una vez que han mermado los ingresos e incrementado los gastos, lo que ha dañado su estructura presupuestaria y provocado los impagos.
Tras referirse a las distintas medidas aprobadas por el Gobierno para mejorar la situación financiera de los Ayuntamientos, Beteta ha recordado que el 95 por ciento de estos tienen menos de 20.000 habitantes, lo que distingue a España del resto de socios europeos.
Ello supone, ha continuado, que existan grandes zonas prácticamente despobladas, de ahí que se haga necesaria una reordenación de las estructuras para garantizar la sostenibilidad y viabilidad de las prestaciones de los servicios.
En su opinión, la reordenación de los municipios es «algo inevitable» que debe abordarse desde el consenso y al margen de las ideología para determinar cuáles son sus competencias y su financiación.
Se ha mostrado partidario desde la Administración central a promover «mecanismos de ayuda» para la integración o agrupación de municipios, que debe hacerse de forma voluntaria y con colaboración de la comunidad autónoma, y puso el ejemplo de Galicia, donde ya dos municipios han iniciado el proceso de fusión, algo que a Beteta le agrada.
«Lo racional es prestar el servicio por la administración más capacitada», ha proseguido Beteta, para quien «no todos los Ayuntamientos son capaces de llevar sus cuentas, ni de prestar los servicios a los ciudadanos».
El secretario de Estado se ha mostrado a favor de fortalecer el papel de las Diputaciones y ha agregado que su supresión no supondría un ahorro, sino «trasladar el gasto», ya que serían otras instituciones locales las que tendrían que prestar sus servicios.
La alternativa a las Diputaciones tampoco pueden ser, en su opinión, las mancomunidades, que quiere reducir al «mínimo imprescindible» y someterlas a un mayor control de su gestión, al igual que con el resto de entidades públicas locales que «hay que reducir al mínimo».
«Hay que podar un sector público tan frondoso; reducir y volver a lo básico y hacer menos cosas y bien», ha continuado Beteta, quien defiende que no todos los municipios puedan tener ayuntamiento «prestador de servicios», limitándose a ser «entes representativos».
Tampoco le gustan las áreas metropolitanas, importantes antes del nacimiento de las comunidades autónomas, pero no ahora. «Un país como el nuestro no da para tantas instituciones» que puedan prestar eficazmente los servicios públicos.
LA ALCALDESA ACLARA
La alcaldesa de Pioz (Guadalajara), Amelia Rodríguez, asume que su municipio tardaría 7.058 años en pagar lo que debe a sus proveedores, como ha señalado hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aunque señala a su antecesor en el cargo como responsable de esta situación.
Pioz, un municipio de 3.500 habitantes ubicado en la Alcarria guadalajareña, ha presentado facturas por valor de 16 millones de euros para el Plan de Pago a Proveedores, una deuda que, según Beteta, tardará más de 7 milenios en saldar.
Rodríguez, del PP, que llegó al poder en mayo de 2011, lleva todo un año denunciando las irregularidades cometidas por el anterior alcalde, el socialista Emilio Rincón, y, tal y como ha relatado a Efe, siempre ha pensado en que el Ayuntamiento estaba «para intervenirlo».
«Por desgracia somos nosotros, aunque de susto no me ha pillado», ha manifestado esta regidora, que se pregunta cómo es posible que un municipio de 3.500 habitantes haya acopiado tal volumen de deuda, que asciende a 16 millones de euros.