El portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha señalado que el único problema que existe para no establecer en todas las provincias un número impar de diputados es el económico, ya que se deberían aumentar hasta 57, frente a los 49 actuales. En conferencia de prensa, Cañizares ha defendido la propuesta de reforma de la ley electoral propuesta por el PP y que plantea aumentar hasta los 53 los diputados en la Cámara regional, ya que supone un «coste cero» para las arcas regionales.
Cañizares, que se ha reunido con el coordinador regional de IU, Daniel Martínez, para estudiar la propuesta de la coalición de izquierdas sobre la reforma de la ley electoral, ha explicado que la instauración de un número de diputados impares en todas las provincias supondría elevar hasta nueve los de Cuenca y Guadalajara, 11 en Albacete, 13 en Ciudad Real y 15 en Toledo.
Pero ha insistido en que, sobre todo en tiempos de crisis, la reforma de la ley electoral «no puede suponer ni un céntimo de coste más» y se debe trabajar para que el de Castilla-La Mancha «siga siendo el parlamento más austero de toda España en comunidades pluriprovinciales y también de algunas uniprovinciales» con menor población.
Tampoco ha apoyado la petición de IU de crear la circunscripción única en Castilla-La Mancha, pues ha señalado que para ello sería necesario reformar el Estatuto de Autonomía, un trámite que a su entender no es oportuno en este momento.
La finalidad de la propuesta del PP consiste, tal y como ha aseverado Cañizares, en que «gobierne el que gane, con el coste mínimo posible» y ha defendido que ha sido una propuesta «muy pensada y muy trabajada».
Sin embargo, ha reconocido que si el PP aprobara en solitario esta ley en las Cortes podría erosionar, ante los ciudadanos, la valoración del grupo que sustenta al Gobierno regional.
«El PSOE tiene que reconocer que esta reforma es mucho más justa que la suya», ha señalado también Cañizares, tras comentar que a pesar de que hoy termina el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, el diálogo con el resto de representantes sociales, como es el caso de IU que no tiene presencia en las Cortes, continuará.
Por su parte, Daniel Martínez ha exigido que la ley electoral, como mínimo, debería subir hasta 59 el número de diputados, pues a su entender el que la Cámara regional sea, incluso con 53 escaños como propone el PP, la menos numerosa de todas los parlamentos autonómicos pluriprovinciales, implica un «déficit democrático».
Así, ha afirmado que si IU tuviera grupo propio en las Cortes presentaría una enmienda a la totalidad a la propuesta de reforma.
A su entender, rechazar el aumento del número de diputados en las Cortes porque aumenta el coste económico es un «error en el que no se puede incurrir», pues ha considerado que la calidad democrática y la representatividad no se puede medir en estos términos.
Martínez, que ha considerado que la reforma de la ley electoral no es una prioridad para los castellanomanchegos, ha pedido al PP coherencia para que «no hagan una reforma electoral con los mismos criterios partidistas» que ha criticado que fueron utilizados en la reforma de 2007.
En su opinión, «no hay que tener prisas» para reformar la ley electoral y ha pedido al PP que se abra una mesa de negociación en la que se dispongan de plazos más ampliados y se puedan alcanzar acuerdos para «corregir el déficit democrático que existe en Castilla-La Mancha y que seguirá existiendo tras la reforma».
CAÑIZARES CULPA AL «PSOE» DEL CONCURSO DE ACREEDORES DE LA AP-41
Cañizares ha lamentado que el concurso voluntario de acreedores que han solicitado la concesionaria de la autopista AP-41 (Madrid-Toledo) es consecuencia del «absoluto desgobierno» de los anteriores ejecutivo socialistas.
De este modo, Cañizares ha comentado el que la concesionaria de la autopista AP-41 (Madrid-Toledo) ha presentado concurso voluntario de acreedores en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y de lo Mercantil de Toledo.
A su juicio, esta circunstancia se debe al «desastre en la gestión y a la improvisación» de los gobiernos central y regional del PSOE y que, a su entender, han hecho «tanto daño a Castilla-La Mancha en los últimos años» como consecuencia de sus «políticas descabezadas».
Ha indicado que el proyecto original suponía la llegada de la AP-41 hasta Córdoba, pero que cuando el PSOE se hizo cargo del Gobierno central se comprometió a respaldar la autovía, aunque decidió fragmentar la infraestructura, de forma que una parte pasó a ser responsabilidad de la Junta de Comunidades y, además, el Ministerio de Medio Ambiente informó de manera negativa el impacto medioambiental en el tramo hasta Córdoba.
«Con esto ha pasado lo que con tantas otras cosas, que con una mano hacían una cosa y con la otra, lo deshacían», ha criticado Cañizares.
La construcción de esta autovía en su totalidad era «un tema capital para la región», porque ofrecía una alternativa más rápida para conectar con Andalucía, ya que evitaba el puerto de Despeñaperros y, según Cañizares, ha sido una oportunidad «que se la ha cargado el PSOE».