En una nota de prensa enviada por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Ruiz Molina ha señalado que el proyecto de presupuestos rechazado el 7 de abril recogía los compromisos adquiridos con los empleados públicos de la Junta «para seguir avanzando en la recuperación de sus derechos laborales y retributivos» y «para mejorar la calidad de los servicios públicos».
Pero este conjunto de avances en materia de empleo público «no puede llevarse a cabo con los presupuestos prorrogados de 2016, ya que ni financiera ni jurídicamente es posible», ha aseverado Ruiz Molina después de que CCOO haya demandado al Gobierno regional que cumpla con los acuerdos en empleo público y servicios sociales y no busque pretextos en el rechazo a los presupuestos.
Ruiz Molina ha explicado que desde el punto de vista financiero, el presupuesto prorrogado de 2016 no incluye las cuantías necesarias para llevar a cabo los avances previstos para este año, y que desde el punto de vista jurídico, hay aspectos de estos compromisos que deben ser aprobados por ley.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha reiterado que el presupuesto de 2017 consolidaba los avances del presupuesto de 2016 en gasto social e incluía avances nuevos, especialmente en los servicios públicos fundamentales.
Según Ruiz Molina, el proyecto de presupuesto de 2017 establecía un incremento salarial para los empleados públicos del 1,5 por ciento salarial, que suponía el inicio de la devolución de la llamada «tasa Cospedal», como se recogía en el acuerdo que se suscribió con los sindicatos en la Mesa General de Negociación.
Esta recuperación que no se va a poder llevar a cabo con los presupuestos prorrogados y así se lo ha traslado Ruiz Molina a los sindicatos, en una ronda de contactos que ha mantenido con ellos tras la decisión de Podemos y PP de votar en contra del proyecto presupuestario de 2017, ha indicado la Consejería.
También, les ha comunicado que se deberán realizar modificaciones de crédito importantes para poder hacer frente, al tratarse de legislación básica, al incremento del 1 por ciento de las retribuciones que se prevé en los Presupuestos Generales del Estado si finalmente son aprobados.
Las modificaciones serán necesarias también para mantener la reducción de ratios que aprobó el Gobierno regional para el último trimestre de 2016 y todo el ejercicio de 2017.
No obstante, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha apuntado que, en el caso de que se aprueben las cuentas de 2017, «estos compromisos se podrán llevar adelante sin ningún tipo de impedimento presupuestario».
En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha «ha cumplido punto por punto los compromisos recogidos en el acuerdo que se suscribió el día 1 de febrero de 2016 con los sindicatos en la Mesa General de Negociación para recuperar los derechos laborales y retributivos de los empleados públicos de la Junta».
Y como ejemplos, ha señalado que en el marco de ese acuerdo se ha devuelto la totalidad de la paga extraordinaria de 2012 suprimida a los trabajadores públicos de la Junta y que se han recuperado el permiso por incapacidad temporal y los días adicionales por antigüedad, tanto los correspondientes a asuntos particulares como por vacaciones, suprimidos en la anterior legislatura.
Además se han convocado en 2016 dos ofertas de empleo público con 2.244 plazas y se han llevado a cabo más de 2.000 nuevas contrataciones en la Administración autonómica, ha subrayado Ruiz Molina.