El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Aurelio San Emeterio, ha presentado en rueda de prensa la proposición que su grupo llevará al Pleno Municipal el próximo jueves y que bajo el título de «Incorporación de criterios sociales y ambientales en la contratación», pretende, según sus propias palabras que «la contratación pública debe ser un instrumento eficaz de lucha contra la exclusión social».
«El gobierno municipal del PSOE tendría que ser consciente de que las empresas que trabajan para el Ayuntamiento deben cumplir unos mínimos», ha declarado San Emeterio. «Aunque algunos se empeñen, la administración no debe ser una mera gestora de servicios a los ciudadanos, sino que debe asumir la responsabilidad de ser garantía de sus derechos tanto en el ámbito público como en el desarrollo de la actividad privada».
El portavoz de Izquierda Unida ha explicado que la regulación de normas, ordenanzas o leyes permite estructurar una sociedad en la que se garanticen estos derechos, pero que «una administración responsable debe de ir más allá e intentar sensibilizar a sus ciudadanos sentando las bases de una conciencia social responsable».
Izquierda Unida plantea en esta proposición que «la contratación pública debe ser un instrumento eficaz de lucha contra la exclusión social, de incorporación laboral de personas con discapacidad o especiales dificultades de acceso al empleo e incorporar en todo los casos la perspectiva de género tal y como contempla el Plan de Igualdad del Ayuntamiento entre sus objetivos estratégicos».
En este sentido Aurelio San Emeterio ha dicho que lo que se pretende es que los servicios municipales jurídicos, de empleo, de asuntos sociales, de contratación y de hacienda, tengan también entre sus funciones la de introducir cláusulas sociales en los procedimientos en los que concurran empresas privadas en cualquiera de las fórmulas que contempla su concurso la administración local.
«La responsabilidad de la administración no finaliza en el momento de la adjudicación a una empresa de un servicio público, una obra o una compra», ha declarado Aurelio San Emeterio, sino que debe ser corresponsable de todo el proceso de los mismos hasta la llegada a los ciudadanos. «Nosotros creemos que el Ayuntamiento debe velar también por las condiciones laborales de los trabajadores de empresas adjudicatarias, de su responsabilidad social o medioambiental y tener siempre presente que lo que se está prestando finalmente es un servicio público, pagado con dinero público. Lo que no se puede consentir es que se trate a los ciudadanos como a clientes».
En su proposición, Izquierda Unida pide que el Pleno apruebe la incorporación a partir de ahora a pliegos, ofertas y cualquier otra convocatoria que suponga la concurrencia de empresas privadas de criterios como la discriminación positiva hacia cooperativas, sociedades anónimas laborales o empresas de inserción sociolaboral como portadoras de valores democráticos y sociales; dar prioridad a las empresas que desarrollen políticas de empleo e inserción de discapacitados y otros sectores en riesgo de exclusión laboral y social; incluir expresamente la perspectiva de género en la definición objeto de la convocatoria; establecer criterios de preferencia para empresas con responsabilidad ambiental; y la puesta en marcha de una Comisión Técnica en la que participen los servicios jurídico, de empleo, de asuntos sociales, de contratación y de hacienda de este Ayuntamiento para que diseñen una normativa que obligue al Ayuntamiento a incluir en los pliegos de contratación y compra criterios sociales y medioambientales.