Los médicos funcionarios de Castilla-La Mancha han valorado la «posible inconstitucionalidad» del Real Decreto-Ley de «medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones», del Gobierno regional, ante la posibilidad de remitir la norma al Tribunal Constitucional para que este decida si es contrario a la Constitución. Esta medida obliga a la integración del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas.
El Consejo de Médicos de Castilla-La Mancha ha reunido a los médicos funcionarios para analizar el Real Decreto-Ley. Tras dicha reunión han detectado contradicciones entre esta disposición y otras normas por las que se rigen los profesionales sanitarios como el Estatuto Marco y el Estatuto Básico del Funcionario. Han concluido además que la norma podría incurrir en conflicto de competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Y además plantean que los plazos que plantea la disposición son insuficientes «tanto si se opta por la integración en los servicios de salud como personal estatutario, como por permanecer la situación actual, obligando a las Comunidades Autónomas a que les adscriban a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas».
Además, los médicos funcionarios consideran que la medida «produce inseguridad jurídica» y manifiestan que «los funcionarios tienen unos derechos que no pueden ser vulnerados» (creen que el Real Decreto-Ley los vulnera).
Por último, los médicos van a esperar al debate y aprobación mañana en las Cortes regionales del Real Decreto-Ley para adoptar medidas de cara a defender sus derechos como colectivo.