El representante de los afectados por la paralización de las obras de la urbanización de Las Higuericas ha afirmado hoy que tanto la constructora Cleyton Ges como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que financió las obras, «han incumplido la ley» y les han «robado». El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Hellín ha acogido hoy la primera sesión del juicio por la demanda civil presentada por 70 ciudadanos ingleses e irlandeses, que reclaman 1,5 millones de euros a la constructora Cleyton Ges y a la Caja del Mediterráneo.
Los demandantes, agrupados con el nombre de Finca Parcs Grup Acción, reclaman más de 1,5 millones de euros que habrían entregado entre los años 2005 y 2007 a la promotora Cleyton Ges, a través de la CAM, como adelanto del pago de las viviendas que iban a adquirir en la urbanización Las Higuericas, junto al embalse de Camarillas.
El portavoz de Finca Parc Grup Acción, Keith Rule, ha respondido a la propuesta del abogado de la promotora Cleyton Gess, Juan Muñoz, de cambiar sus parcelas, por las que habían pagado 100.000 euros y estaban sin construir, por dos viviendas de las que hay terminadas, y ha dicho que ya no se fiaban de ellos.
En representación de la promotora Cleyton Ges ha sido interrogado Pedro Jiménez, quien ha declarado que se había hecho cargo de la promotora a partir de octubre de 2009, cuando ya la urbanización había parado sus actividades, y que no tenía «ni la más remota idea» del problema de los avales que reclamaban los compradores de viviendas en Las Higuericas.
El representante de la CAM ha asegurado que esta entidad bancaria no había avalado a ninguno de estos compradores, al no haber depositado su dinero en una cuenta especial.
Por su parte, el representante de los demandantes, Keith Rule, ha señalado que los promotores le indicaron la cuenta donde tenía que ingresar el dinero para que la CAM les expendiera un aval.
Rule ha asegurado que confía en la justicia española y que está seguro de que tanto él como las personas agrupadas en Finca Parcs Grup Acción recuperarían el dinero invertido.
Mañana está programada la segunda sesión de este juicio y comparecerán ocho testigos.
El asunto comenzó en 2003 cuando se anunció la construcción de 816 chalets, dos campos de golf, supermercado y demás servicios en una zona rural junto a las pedanías hellineras de Agramón y Minateda y muy cerca del embalse de Camarillas.
Pocos días más tarde se hizo público que esta zona estaba calificada como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), lo que fue denunciado por el Partido Popular, entonces en la oposición, y Ecologistas en Acción, y las obras quedaron paralizadas en febrero del año 2009 por falta de recursos de la promotora.
Desde entonces los afectados han intentado, en vano, recuperar el dinero que invirtieron en la fallida urbanización.