La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado el presupuesto regional para 2012 presentado por Cospedal porque, asegura, va a perjudicar el empleo y especialmente al empleo público. El sindicato resalta que los gastos de personal se reducen realmente en 455 millones de euros sobre los de 2011, lo que puede provocar el despido de miles de trabajadores y empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Para CSIF destaca la reducción de un 20 por 100 del presupuesto respecto del pasado año, lo que significa que si se reduce la cantidad para pagar la deuda sólo quedan 5.648 millones, «que determina un pobre presupuesto marcado por unos débiles ingresos y una escasa inversión pública», indica el sindicato en nota de prensa.
Para CSIF pasar el déficit del 7,3 por 100 al 1,5 por 100 no puede ser el único factor que vertebre los presupuestos, sin atender suficientemente el crecimiento, el empleo o el mantenimiento de los servicios sociales básicos.
CSIF critica reducciones presupuestarias importantes en ámbitos claves para los ciudadanos como sanidad (34 por 100) o educación (20 por 100), mientras siguen sin abordarse recortes significativos que afecten a los políticos y a sus numerosos privilegios.
La Central Sindical Independiente, «que siempre ha defendido el valor de lo público como garantía de calidad e independencia», denuncia el afán privatizador que muestran estos presupuestos con la excusa de obtener fondos y recursos económicos.
CSIF echa de menos una actuación más contundente en la reducción de entes, empresas públicas y fundaciones así como en el necesario recorte en asistencias técnicas, es decir, lo que se conoce como administración paralela, que tanto perjudica a la función pública.
Lamenta que las propuestas que había planteado al gobierno regional, tales como la modificación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 4/2011 de Empleo Público sobre la Incapacidad Temporal por enfermedad común; cobertura automática de bajas y vacantes en servicios sanitarios, educativos y asistenciales básicos; potenciación y revisión de la formación continua; o eliminación o suspensión de los complementos a los altos cargos, no hayan sido recogidas en esta ley.