Toledo acoge la jornada sobre «Financiación municipal y control de las cuentas locales», organizada por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. Durante el transcurso de la misma se ha puesto de manifiesto la importancia del «control» de las cuentas locales y del establecimiento de una ley que obligue a la administraciones a auditarse.
El síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Cabezas de Herrera, ha sido el encargado de presentar la jornada sobre «Financiación municipal y control de las cuentas locales».
Cabezas de Herrera ha puntualizado que «no puede exigirse una financiación adecuada por parte de las Administraciones locales, sin plantear al mismo tiempo el necesario rigor en la rendición de las cuentas y los adecuados niveles en la fiscalización de las mismas».
El síndico ha recalcado dos hechos importantes que han afectado a los ayuntamientos en cuanto a financiación se refiere. Por un lado, la caída brutal de los ingresos, común a todas las administraciones públicas, y, por otra parte, las tensiones en el gasto local derivadas también de una mayor demanda del gasto social, a consecuencia de la crisis.
«Si a ello se une un alto nivel de endeudamiento y el desfase en el reconocimiento de las obligaciones, nos encontramos con un panorama altamente preocupante», comentaba Cabezas de Herrera, que puntualizaba que todo ello «requiere un debate», centrado tanto en el modelo de financiación como en la propia arquitectura de las administraciones públicas. Un debate que «solo se puede hacer en un clima de consenso».
CONTROL LOCAL
En cuanto al control, el síndico ha puntualizado que «venimos demandando instrumentos legales para suplir las viejas carencias del control de las cuentas públicas».
Además ha recordado las «zonas de sombra» que existe en el control de las cuentas de determinados municipios locales, aunque cada vez hay más ayuntamientos que someten a control sus cuentas. Sin embargo, «todavía hay un importante número de municipios que no rinden sus cuentas».
Por todo ello, «cabe predicar la necesidad de que se establezca por ley la obligación de auditarse», al igual que sucede en las empresas privadas.
Eso sí, es consciente de los recursos que tienen los órganos de control y de que «no podemos alcanzar a todo el universo del ámbito local».
Además se ha mostrado preocupado porque «se cuestiona nuestra eficacia desconociendo nuestra escasez de medios». De ahí que no descarte la colaboración de los servicios privados, pero «siempre con la supervisión del órgano de gobierno».