El Ayuntamiento de La Riba de Saelices reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha una compensación cercana a los seis millones de euros por los daños causados por el incendio declarado en este termino municipal en julio de 2005.
El incendio provocó la muerte de 11 personas y la destrucción de 13.000 hectáreas de pinares, bosque autóctono, campos de cereales y parte del Parque Natural del Alto Tajo y afectó a un docena de municipios.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha admitido a trámite un recurso del Ayuntamiento de La Riba de Saelices (Guadalajara), contra la resolución de la Consejería de Agricultura que rechazó la demanda de responsabilidad patrimonial instada por este municipio contra la propia Junta por la gestión del incendio de 2005.
Según el auto, al que ha tenido acceso EFE, la Sección Primera del TSJ castellanomanchego ha requerido al departamento que ahora dirige María Luisa Soriano para que en veinte días le remita todo el expediente tramitado con motivo de la reclamación realizada por este Ayuntamiento.
En dicha reclamación de responsabilidad patrimonial, La Riba de Saelices valora en cerca de seis millones de euros los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la gestión de la Junta en las labores de extinción del fuego, han dicho a Efe fuentes jurídicas.
Se da la circunstancia de que el alcalde que inició la reclamación patrimonial contra la Junta, el socialista José Luis Samper, era el alcalde cuando ocurrieron los hechos y llegó a ser procesado por la juez de Sigüenza en el sumario instruido con ocasión de este incendio, si bien luego la Audiencia Provincial de Guadalajara le eximió de cualquier responsabilidad.
Según las fuentes consultadas por Efe, se trata de la primera reclamación patrimonial de un ayuntamiento gobernado por el PSOE contra la administración entonces presidida por José María Barreda, si bien ha sido el actual Ejecutivo de María Dolores de Cospedal el que ha rechazado las pretensiones económicas de este municipio alcarreño.
Estas fuentes han informado que el actual Gobierno regional ha inadmitido la responsabilidad patrimonial de la Junta «por cuestiones de orden procedimental, pero sin entrar a valorar el fondo del asunto, que es si hubo o no una mala gestión en las tareas de extinción del fuego».
Ahora, tras la admisión a trámite del recurso interpuesto por este ayuntamiento contra la inadmisión de esta reclamación de responsabilidad patrimonial, será el TSJ quien determine si La Riba tiene derecho a una indemnización por los daños sufridos por la gestión de la Junta de las labores de extinción de aquel incendio.