El Ministerio de Medio Ambiente no prevé sacar nuevos concursos públicos para permitir la caza en fincas que son propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, una vía por la que ha optado en dos ocasiones para recaudar financiación.
En los últimos días, el departamento de Miguel Arias Cañete ha autorizado dos licitaciones públicas para hacer monterías y recechos (dos modalidades de caza mayor) en fincas situadas en Toledo y Jaén, ambas pertenecientes a dicho organismo autónomo.
En declaraciones a EFE, fuentes del Ministerio de Medio Ambiente han explicado que esta cartera no prevé sacar nuevos concursos, y han subrayado que la caza en los parques nacionales está prohibida y seguirá vetada en el futuro, otra cosa distinta es permitirlo en fincas propiedad del organismo autónomo.
Anteriormente, los responsables de abatir a los animales en estas fincas para hacer el control poblacional de las especies -sobre todo ciervos, corzos y jabalíes- eran los propios guardeses de los terrenos.
Según las fuentes, el hecho de haber optado por las licitaciones se debe a la necesidad de obtener financiación adicional para el Organismo Autónomo.
Su presupuesto asciende este año a 66,9 millones de euros, un 29,1 por 100 menos que en el ejercicio precedente.
La única diferencia es que el control de las poblaciones, «una práctica que se ha hecho siempre»- lo van a hacer particulares que pagarán un precio por ello.
Aunque sean fincas de Parques Nacionales no forman parte de estos espacios protegidos, han aclarado las fuentes, en alusión a una información periodística sobre esta cuestión.
La primera de las licitaciones se refiere al aprovechamiento de monterías y recechos durante la temporada cinegética 2012-2013 en los cotos de Quintos de Mora (Los Yébenes, Toledo), por un importe total de 90.000 euros.
El segundo concurso público es para Cotos de Lugar Nuevo y Selladores Contadero (Jaén) por un valor superior a los 77.000 euros.
Ecologistas en Acción ha opinado hoy -antes de conocer la decisión ministerial de no hacer más este tipo de licitaciones- que permitir la caza en fincas públicas gestionadas por el ente público es «un grave paso atrás que causará serios impactos ambientales».
A su juicio, se trata de una acción impropia del ente responsable de proteger los espacios más emblemáticos de España.
Permitir la caza en terrenos «en los que desde hace más de 10 años se está invirtiendo mucho en una gestión enfocada a la recuperación ambiental y a la protección de algunas de las especies de fauna silvestre más amenazadas, como el lince ibérico y el águila imperial (…), es un lamentable error que además no se justifica por el control de las poblaciones de cérvidos».
Dichas poblaciones «no se controlan adecuadamente mediante monterías o ganchos, en las que se cazan sobre todo machos para trofeo», sino con la caza selectiva y el trampeo en vivo.
Concluye que el dinero a recaudar es muy escaso frente al enorme beneficio ambiental que supone disponer de grandes fincas públicas gestionadas con criterios de conservación.