CC.OO. de Castilla-La Mancha denuncia los recortes que el Gobierno de Cospedal ya ha hecho efectivos y los que tiene previstos hacer en el sector de transporte sanitario de la región, cuyos trabajadores y trabajadoras llevan sin cobrar hasta siete nóminas. El sindicato alerta de que tras estas actuaciones pueda estar la intención del Ejecutivo regional, quizás con la complicidad de algunas empresas adjudicatarias, de destruir más de 400 empleos en el sector.
El secretario general de CC.OO. de Castilla-La Mancha, José Luis Gil, urgió una solución al Ejecutivo regional y a las empresas adjudicatarias y advirtió, “si no escuchan”, del inicio de próximas movilizaciones “para forzar voluntades, para que Gobierno y empresarios cumplan con lo que les es propio y se haga justicia con las y los trabajadores y las y los usuarios del sector”.
“Si hoy en Castilla-La Mancha se atiende a las y los usuarios del transporte sanitario urgente y el transporte sanitario programado es gracias a la profesionalidad y a la generosidad bien entendida de los 2.000 trabajadores y trabajadoras del sector que llevan meses y meses sin cobrar y siguen desarrollando su trabajo”, destacó Gil en la rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. CLM, Carmen López, y por representantes de CC.OO. en la empresa adjudicataria del Transporte Sanitario Urgente y en las empresas adjudicatarias del Transporte Sanitario Programado.
Los trabajadores y trabajadoras llevan sin cobrar hasta siete nóminas, a excepción de los de transporte sanitario programado de las provincias de Ciudad Real y Guadalajara, unos 350 en total, que sí que están cobrando. Los 1.700 restantes “también van, como ellos, todos los días a trabajar; pero no cobran todos los meses como ellos”, dijo Gil.
El líder regional de CC.OO. señaló que a más de 70 millones asciende la deuda que la Junta de Castilla-La Mancha tiene con las empresas adjudicatarias, las cuales han tomado a las y los trabajadores como “rehenes para forzar al Gobierno a pagar a las contratas”.