La Audiencia de Guadalajara juzgará a partir de mañana a los tres excursionistas que provocaron, al hacer una barbacoa, el incendio ocurrido en esta provincia en julio de 2005, en el que se quemaron casi 13.000 hectáreas del antiguo Ducado de Medinaceli y que costó la vida a 11 trabajadores de un retén forestal. Así, siete años después de ocurrir la tragedia y durante tres días, se sentarán en el banquillo de los acusados los excursionistas Marcelino H.S., Juan José J.C. y Iasson K., que están acusados de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.
Para cada uno de ellos, la fiscalía solicita dos años de cárcel y casi 14 millones de euros de indemnización para el Gobierno regional por el coste de los trabajos de extinción -que duraron casi 15 días- por la inversión que se tuvo que hacer para reforestar la zona carbonizada y por los daños ocasionados en el material de extinción.
La fiscalía aplica para los procesados las atenuantes de confesión y dilación indebida del procedimiento, ya que la demora en la celebración de la vista oral es «ajena» a los acusados, afirma en su escrito de calificación el ministerio público.
Según el fiscal, los procesados actuaron «sin adoptar las más elementales medidas de precaución para prevenir y evitar la propagación de los llamas» durante la preparación de la parrilla, a pesar de que el uso de las barbacoas estaba autorizado.
Las llamas se originaron a primera hora de la tarde del 16 de julio de 2005 en La Riba de Saelices, cerca de la cueva de Casares que los excursionistas habían visitado, y que se propagaron por otros 10 términos municipales que acabaron con 12.874 hectáreas, de las que más de 10.000 fueron de terreno arbolado.
Al día siguiente de originarse el fuego, es decir, el 17 de julio de 2005, fueron hallados los cadáveres de los 11 trabajadores del retén de Cogolludo que quedaron atrapados por las llamas al ser sorprendidos por un fenómeno de propagación del fuego «imprevisible y fortuito, que no puede imputarse a la acción de los procesados», sostiene el ministerio público.
Por su parte, la mayoría de las familias de las víctimas aumenta a tres años de prisión la pena de cárcel solicitada, mientras que el Gobierno de Castilla-La Mancha los eleva a siete años y medio.
En cambio, Juan Carlos Mollejo, abogado defensor de los acusados, considera «desproporcionada» la cantidad de indemnización solicitada en concepto de responsabilidad civil, por entender que no se ha justificado de dónde sale la cifra de los casi 14 millones de euros.
Los abogados de nueve de las 11 familias de los fallecidos, Carmen Martínez de Tejada y Miguel Solano, se han mostrado disconformes con las atenuantes de la fiscalía, especialmente en lo referente a la dilación indebida del proceso.
Durante el larga instrucción del caso, la jueza de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, llegó a imputar a 29 personas, incluidos técnicos del 112 de Castilla-La Mancha y altos cargos del Gobierno regional, entre ellos la que fuera consejera de Medio Ambiente con el Ejecutivo de Barreda, Rosario Arévalo.