El juicio contra los tres excursionistas acusados de provocar el incendio de la Riba de Saelices (Guadalajara) que en julio de 2005 sesgó la vida de 11 miembros de un retén y arrasó casi 13.000 hectáreas de bosque ha quedado visto para sentencia, siete años después de la tragedia. El Ministerio Fiscal ha mantenido la misma petición de cárcel de dos años para cada uno de los acusados, al entender que éstos cometieron un delito de incendio por imprudencia grave, aunque les ha aplicado los atenuantes de confesión y de dilación indebida del proceso, ya que entiende que la demora de éste es ajena a ellos.
Sí que ha modificado la Fiscalía la petición de indemnización para el Gobierno regional por los costes de extinción del incendio, que ha reducido de 13,9 a 10,6 millones de euros.
La fiscal, María Dolores Guiard, ha sostenido que en el juicio ha quedado acreditado que los tres acusados, Marcelino H., Juan José J. e Iasson K., este último de nacionalidad alemana, prendieron fuego en una zona en la que, si bien no estaba prohibido, habían sido advertidos personalmente por un guarda del riesgo que ello suponía.
Además, considera que no adoptaron las medidas de precaución suficientes, a pesar de que eran conscientes del peligro de la barbacoa, ni tuvieron en cuenta las condiciones meteorológicas «adversas» que había ese día.
Por su parte, el abogado de la Junta de Comunidades, Agustín Zapero, ha mantenido su petición inicial de siete años y medio de cárcel para cada uno de los acusados, al entender que vulneraron la ley ya con el simple hecho de hacer fuego.
Zapero ha manifestado que, en base a la legislación vigente, la barbacoa era «un fuego ilícito y prohibido», puesto que, entre otros motivos, utilizaron combustibles no permitidos como pasto seco o leña fina y regia para encenderlo, en vez de carbón vegetal, que era lo estipulado en el único cartel que había en la zona.
En representación de ocho de las 11 familias de las víctimas, Miguel Solano ha mantenido también su petición de tres años de cárcel para cada uno y ha rechazado los atenuantes expuestos por la Fiscalía, mientras que Concepción Arenal, que representa a otra de las familias afectadas, también se ha adherido a esta tesis.
El abogado de las localidades de Ablanque, Ciruelos y Luzón, Bernabé Utrera, ha solicitado una indemnización total de 17 millones de euros para estos municipios, mientras que José María Herranz, el abogado de La Riba de Saelices, localidad en la que se originó el incendio, ha rebajado la petición de pena, en un año, hasta tres años y ocho meses de prisión.
Finalmente, el abogado defensor de los tres excursionistas, Juan Carlos Mollejo, ha mantenido su petición de absolución, amparándose en que los tres hicieron cosas distintas durante el incendio y, sin embargo, se les imputa el mismo delito.
También ha señalado que hicieron un fuego que estaba permitido y en unas condiciones meteorológicas de temperatura y viento que estaban en la media de años anteriores y posteriores.
Mollejo ha llegado a decir que entendería que se condenara a Marcelino H., que se ha declarado como responsable único de la barbacoa, porque «después de siete años hay que condenar a alguien», pero no así a sus otros dos defendidos.
De hecho, a la salida del juicio, ha manifestado que, en caso de haber sentencia condenatoria, la piensa recurrir.