El juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Toledo ha admitido a trámite la querella presentada por la Junta de Castilla-La Mancha contra las exconsejeras María Luisa Araújo y Soledad Herrero por un supuesto delito de fraude funcionarial cometido en 2008.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el magistrado Florencio Rodríguez admite a trámite la querella, que también afecta a quien fuera presidente de la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), Juan Cámara, y al al administrador de la Sociedad Promociones y Construcciones Aldea Fernández, Manuel Sánchez-Montañés,
Los hechos denunciados por el actual Gobierno de Castilla-La Mancha tuvieron lugar en 2008, cuando María Luisa Araújo era consejera de Economía y vicepresidenta del Gobierno que presidía José María Barreda y Soledad Herrero era consejera de Cultura.
Según la querella, Gicaman adquirió de la Sociedad de Promociones y Construcciones Aldea Fernández un inmueble ubicado en el número 24 de la calle Ronda de Ciruela en Ciudad Real, con una superficie construida de 412 metros cuadrados, por un precio de 4.538.924 euros, cuando esa misma sociedad había comprado el inmueble en 2006 a Cruz Roja por 3.353.647 euros.
La Junta expone en su querella que se produjo «una elevación injustificada en el precio de compra» del inmueble, una diferencia de más de un millón de euros que «carece de justificación».
Más aún siendo un edificio pendiente de rehabilitación que «continúa estando en mal estado de conservación y no está incluido en el catálogo de bienes y espacios protegidos ni tampoco ocupado por oficinas públicas».
Además, cuestiona que el Gobierno no comprase el edificio, sino que lo hiciese Gicaman a través de una encomienda de gestión, método al que sólo se recurre cuando la administración no tiene posibilidad de operar por sí misma.
En el escrito se indica que en abril de 2007 el delegado provincial de la Junta en Ciudad Real, José Fuentes, propuso a Araújo que Promociones y Construcciones Aldea Fernández permute dicho inmueble a la Junta a cambio de que ésta le entregue tres edificios, permuta que no llegó a realizarse.
La Junta considera que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de fraude funcionarial que lleva aparejadas penas de prisión de uno a tres años, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.
El Gobierno de María Dolores de Cospedal presentó inicialmente la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por si consideraba que las querelladas tenían condición de aforadas por referirse a hechos cometidos cuando eran consejeras, pero el Tribunal se declaró incompetente y remitió el asunto a un juzgado ordinario, que ahora ha abierto diligencias previas.
Antes de tomar declaración a los querellados, el juez ha pedido al Gobierno regional y a Gicaman que le remitan los contratos y convenios suscritos para la adquisición de ese edificio.