El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sacó tarjeta amarilla, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a varias comunidades autónomas -diversas fuentes hablan de ocho- por las dudas que hay de que cumplan con el objetivo de déficit al que todas están obligadas este año, el 1,5 por 100 del PIB. Cristóbal Montoro rehusó una y otra vez identificarlas y concretar el número, por exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, adujo, y dijo que «sí o sí» todas, las 17 comunidades, cumplirán con ese objetivo.
Y lo harán con independencia del color político de sus gobiernos, sean del partido que sean, porque si algo tiene «clarísimo» el Gobierno, advirtió Montoro, es que sólo existe una opción: cumplir.
«Es una prioridad absoluta el cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de todas las administraciones públicas. El Gobierno lo garantiza», fue el mensaje rotundo del ministro al término de la reunión.
A partir de ahora, y en un plazo que no irá más allá de finales de julio, Hacienda mantendrá reuniones bilaterales con cada una de las comunidades «amonestadas» para analizar detalladamente su ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las medidas de ajuste a las que están comprometidas para alcanzar ese 1,5 por 100 de déficit.
En el primer trimestre del año, según datos de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas, ocho, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y País Vasco, terminaron con superávit, mientras que la Comunidad Valenciana registró equilibrio presupuestario o déficit cero.
Otras ocho, Andalucía, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra, registraron déficit. En el conjunto, y descontando los anticipos recibidos desde la Hacienda estatal, las autonomías habrían tenido un déficit hasta marzo del 0,45 por 100. La meta final es el 1,5 por 100.
De no alcanzarse un acuerdo entre el Gobierno central y la comunidad «díscola», Hacienda elevaría al Consejo de Ministros una petición de «advertencia», que en última instancia, si no hay rectificación, podría acabar en la intervención directa de la comunidad incumplidora. De amarilla se pasaría a tarjeta roja.
Montoro logró sacar adelante los objetivos de déficit autonómico para los próximos años, hasta 2015, si bien con la abstención de dos comunidades gobernadas por el PP, Extremadura y Castilla y León.
Un hecho al que quiso restar importancia, ya que, según él, sus respectivos consejeros «están de acuerdo» con el fin último de reducir el déficit y cumplir los objetivos «obligatorios» para todos, volvió a recordar.
En contra de los planes de Hacienda votaron Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña. El resto de comunidades, algunas, como Galicia, disciplinadas pero reticentes, lo hicieron finalmente a favor.
País Vasco y Navarra, por su régimen especial foral, participan en las reuniones del Consejo pero tradicionalmente no votan y mantienen posteriores reuniones bilaterales con Hacienda.
A pesar de que Bruselas relajó en un punto, del 5,3 al 6,3 por 100, el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas españolas este año, aplazando a 2014 el 3 por 100 obligatorio para todos los países de la zona euro, Hacienda se ha mantenido firme y no ha cedido en las demandas de algunas comunidades, incluso del PP, que querían un «relajo» en ese 1,5 por 100 para 2012.
Para 2013, y a pesar de ese mayor margen de maniobra que gracias a Bruselas tendrá el Gobierno central, las comunidades tienen que llegar a la meta del 0,7 por 100 de déficit, ahora bien dos décimas por encima de lo previsto en el Plan de Estabilidad 2012-2015 que el Gobierno de España remitió a Bruselas en primavera.
Para 2014, Hacienda quiere que el déficit autonómico no supere el 0,1 por 100 y que en 2015 se produzca un superávit del 0,2 por 100. Ese 0,1 por 100 supone un endurecimiento de dos décimas respecto al objetivo remitido a Bruselas.
Al margen del voto de cada comunidad, todas están «obligadas» a cumplir con dichos objetivos, destacó Montoro, franqueado por los secretarios de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, y de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fijó el déficit autonómico para 2013 en el 1,1 por 100, y en el 1 por 100 para 2014, porcentajes que algunas autonomías consideran aún vigentes ya que, argumentaron en la reunión, los planes enviados a Bruselas no han sido refrendados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en anteriores reuniones.
Además de fijar los objetivos de déficit para los próximos años, el Consejo ha aprobado el plan de ajuste de Asturias, pendiente de ratificación desde la pasada reunión de mayo, y que ha elaborado el nuevo Ejecutivo presidido por el socialista Javier Fernández.
Y ya en el capítulo de ruegos y preguntas, y fuera del orden del día, Montoro informó del «instrumento financiero» del que habló el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el pleno del Congreso en el que anunció nuevas y duras medidas de ajuste, con el que se persigue ayudar a aquellas comunidades que tienen dificultades para financiarse en los mercados.
Montoro en ningún momento habló de «hispabonos» para referirse a dicho mecanismo que tendrá la garantía del Estado, que «en ningún caso» supondrá «mutualizar el riesgo», que tiene un carácter «excepcional» y que exigirá a la comunidad que se acoja a él un cumplimiento si cabe más exigente de sus compromisos de estabilidad presupuestaria.
Hacienda aprovechó la reunión para reprochar a las comunidades autónomas, a todas, que no hayan cumplido su compromiso -una exigencia del Gobierno- de reducir empresas públicas. En el actual trimestre solo han desaparecido dos, y el objetivo final son más de 600.