Hace un año por estas fechas la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ya tenía clara la dimensión del problema económico y financiero de la Junta, había pedido un plan para ahorrar a cada una de las consejerías y otro de recorte puro y duro de gastos e inversiones. También habían caído ya las primeras broncas a los que no iban al Consejo de Gobierno con los deberes hechos con la celeridad que pedía «la jefa».
Había nervios y mucha preocupación por los efectos de aquel plan de ajuste llamado Plan de Garantía de los Servicios Básicos, que finalmente fue presentado y defendido personalmente por la presidenta un 31 de agosto. Parecía duro, pero era muy llevadero, visto lo que vendría después. El primer plan de ajuste de Cospedal pretendía ahorrar 1.815 millones entre 2011 y 2012. Los sindicatos saltaron ya a la calle, pero casi todos los demás permanecían en sus puestos a la espera de acontecimientos. ¡Qué tiempos aquéllos, pensarán Cospedal y su Gobierno!
Como en el resto del país, las cosas fueron a peor. Así, el 2 de diciembre de 2011 vino la primera vuelta de tuerca al primer Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos; o sea, llegó el segundo ejercicio de recortes, que ya incluía la pritavización de la Sanidad y la bajada de sueldo a funcionarios. La previsión de crecimiento de Zapatero y Salgado se había ido al garete y era necesario ahorrar otros 350 millones que sumar a los previstos en agosto para cumplir con el déficit en 2012. Los sindicatos siguieron en la calle y los funcionarios se sumaron a las protestas, paros y descontento social, muy especialmente en el área de Educación. Colectivos con facturas pendientes de cobro y afectados por los recortes fueron sumando sus pancartas a las habituales.
Pero, políticamente, la situación seguía bajo control. Zapatero y Barreda todavía pesaban más. Pero…
En julio de 2012 se ha aprobado el primer presupuesto de la Junta bajo mandato de Cospedal. Incluye todo lo anterior. Con rebajas en todo tipo de gastos e inversiones y, por si fuera poco, se ha conocido que se van a cerrar las Urgencias en diversos pueblos de Castillla-La Mancha. Los sindicatos, cada vez más movilizados; los funcionarios, más que desencantados; la sociedad se entrega a la desesperanza y las filas del Partido Popular empiezan a dar síntomas de fatiga de austeridad.
La decisión de cerrar las Urgencias en los pueblos ha provocado una marea negra entre los alcaldes y dirigentes locales del PP. A ellos sus vecinos no les enseñan la pancarta, se la ponen delante de su casa y se la recuerdan cada vez que salen a la calle. Los alcaldes y concejales no tienen escapatoria posible de sus paisanos y temen lo que se les va a venir encima.
Los alcaldes del PP no entienden, ni comparten ni pudieron imaginar tras meses de celebraciones electorales históricas que tuvieran que soportar en sus hombros la pesada carga de dejar a sus vecinos sin médico de urgencia en muchos pueblos.
Las filas en el PP están prietas, así que la marea no trasciende, pero está. La mayoría ha decidido callar en aras de la disciplina interna. Otros, los menos, dimiten o votan a favor de mociones socialistas para echar atrás la medida. Pero todos protagonizan encendidas discusiones con los compañeros de partido que desde el Sescam tratan de explicarles la necesidad de la decisión.
Pero ahí no ha acabado la cosa. El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, dio a conocer a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves que hay más austeridad que tragar. El año que viene el déficit obligatorio no será el 1,3 previsto, sino el 0,7 y el 0,1 para 2014. Así que viene otra tijera.
Con los presupuestos aún calientes, el Gobierno de Castilla-La Mancha despedirá el curso aprobando un nuevo paquete de medidas de ajuste. Vienen curvas. No va a dejar indiferente a nadie. El Ejecutivo guarda con celo las nuevas medidas, pero del interior de las consejerías salen los peores augurios para los empleados públicos y los servicios sociales. Ya veremos, pero cada vez que el Gobierno calla cuando se le pregunta por algo, malo o muy malo.
En principio, está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe las nuevas medidas en su última sesión de julio. Unos días más tarde se le dará respaldo legislativo con Pleno en las Cortes regionales el 2 de agosto, justo antes de que los consejeros y los diputados comiencen las vacaciones más cortas de su historia. Porque el 16 de agosto habrá nueva sesión del Consejo.
A las rebajas presupuestarias de julio se sumarán los recortes de agosto y más protestas en la calle. No porque la gente no entienda que hay que hacer sacrificios, sino porque no están dispuestos a asumir resignadamente que todos ellos recaigan en las clases medias y bajas. Y hasta ahora ningún Gobierno ha logrado evitarlo.
Debilitar la clase media de un país es la antesala de debilitar la democracia y eso también traerá consecuencias para los grandes partidos. Es necesario combatir la crisis con más soluciones que el emprobrecimiento progresivo de las capas más numerosas de la población, las que no pueden irse a paraísos fiscales ni contratar abogados para que la amnistía les salga mejor.
Por cierto, ¿para cuándo un plan para subir ingresos facilitando la actividad económica?