La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, declarará el 3 de octubre en el juicio que se celebrará contra ella y otros dos cargos del PP en un juzgado de Coslada tras la presentación de una demanda por parte de una agencia de detectives por afirmar supuestamente que el PSOE contrató a esta empresa para espiar al PP. Así lo ha acordado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Coslada (Madrid), tras la vista previa al juicio en el que también están demandados la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y el portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, quienes prestarán asimismo declaración.
Los tres políticos de Castilla-La Mancha han sido citados a la audiencia previa al juicio -que se sigue en un procedimiento civil- pero en su lugar han asistido sus representantes legales, quienes no han llegado a un acuerdo para evitar la cita del día 3 de octubre con el demandante, Isidro García Gonzalez, gerente de «Detectives Almirante».
El acuerdo no ha sido posible porque García solicitaba que los demandados reconociesen haber hecho las manifestaciones que supuestamente dañaron su honor, y que se retractasen de ellas en los medios de comunicación que en su día las publicaron, algo que los representantes de Cospedal, Romero y Cañizares han rechazado.
El demandante alega que las declaraciones de los tres políticos populares en las que hacían referencia a la supuesta contratación de servicios por parte del PSOE para espiar al PP le causaron prejuicio en el plano económico, profesional y de menoscabo de su imagen, mientras que los abogados de los demandados enmarcan esas manifestaciones en un contexto de «campaña electoral», han dicho al juez.
«Es una cuestión estrictamente política que no debería haberse llevado a los tribunales», ha recordado en la vista el abogado de la alcaldesa de Ciudad Real.
Además de esas testificales, se practicarán en el juicio otras pruebas como la exhibición del libro de registro del detective donde según ha dicho a Efe José Antonio Tuero, el abogado de «Detectives Almirante», se demuestra que el encargo no viene del PSOE, la testifical de la persona que al parecer encargó el informe, y la pericial de un psicólogo que determinará los perjuicios causados a García.
El titular del juzgado ha fijado el juicio para las 12:30 horas del 3 de octubre, aunque a la salida de la vista previa los abogados han mostrado su desacuerdo con la hora y han anunciado que reclamarán al juez que se anticipe, al entender que el juicio se retrasará demasiado por la declaración de todos los demandados y el demandante.
Isidro García, quien reconoció ser militante socialista, presentó la demanda el pasado enero por «intromisión ilegítima en el honor» de sus responsables y solicita que cada uno de ellos indemnice a la parte demandada con 100.000 euros. También reclama que los dirigentes del PP publiquen, en su caso, la sentencia condenatoria, en cada uno de los medios que se hicieron eco de las declaraciones.
Los hechos se remontan a los primeros meses de 2011, cuando Cospedal dirigía el PP regional pero aún no era presidenta de la Junta; Cañizares era portavoz municipal en Ciudad Real y Romero, como ahora, alcaldesa de esa ciudad. Cospedal no se retractó de las declaraciones cuando se le ofreció esa posibilidad en un acto de conciliación.
Por otra parte, en el transcurso de la vista, el abogado de la presidenta de Castilla-La Mancha, Alberto Durán, se ha quejado de que la puerta de entrada de los juzgados de Coslada estaba «empapelada» con «noticias falsas» sobre María Dolores de Cospedal, y ha reprochado al juez que haya «consentido» a los trabajadores -que se manifestaban contra los ajustes del Gobierno- ese tipo de actitudes.
«El orden debe ser mantenido», ha dicho Durán, quien, cuando el juez le ha preguntado por si creía que las protestas de empleados públicos afectan a la «imparcialidad del proceso», ha respondido: «espero que no».
El instructor ha recordado al abogado que, en caso de considerarlo así, existen «cauces» como la recusación o la presentación de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reprochar las acciones del juzgado, si bien ha dicho que en su opinión no existe «relación» entre las protestas y el juicio.