El portavoz del PSOE en las Cortes regionales, José Luis Martínez Guijarro, ha manifestado hoy que está «seguro» de que el Gobierno de Castilla-La Mancha será llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como consecuencia de la aplicación de las nuevas medidas de ajuste a los empleados públicos.
Guijarro se ha pronunciado así en rueda de prensa tras el debate en el Parlamento autonómico de las enmiendas a la proposición de ley de acompañamiento de la ley de medidas complementarias, que entre otros puntos establece la reducción salarial del 3 por 100 al personal del Sescam y la posibilidad de reducirlo un 15 por 100 a los interinos.
El portavoz socialista ha criticado que la aprobación de esta proposición, que tendrá lugar previsiblemente en el pleno del próximo jueves, se hará con una «falta de garantía jurídica absoluta».
Ha advertido de la posible ilegalidad de la nueva normativa porque existe una normativa europea que recoge la «no discriminación del personal fijo y temporal», algo que, a su juicio, incumple esta proposición.
De hecho, ha insistido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido una carta del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, advirtiendo de este hecho.
Guijarro ha señalado que la medida afecta a derechos individuales por lo que tienen que ser los propios trabajadores y los sindicatos, como representantes de los trabajadores, los que denuncien esta discriminación.
A su juicio, su aprobación va a crear un «foco de conflictos importantes entre los funcionarios y la Administración regional».
«Estoy seguro de que la Administración regional va a acabar en el Tribunal de Justicia europeo con esta ley», ha afirmado.
Por otro lado, Guijarro ha manifestado que «cada vez queda más claro que el Gobierno de Cospedal y el PP de Castilla-La Mancha improvisan», pues el PP ha presentado enmiendas a una proposición que modifican los presupuestos de la Junta aprobados hace 15 días.
«No hablamos ya solo de la rebaja del 15 por 100 en el salario del personal interino, sino de instaurar, por ejemplo, la movilidad geográfica permanente para todos los informáticos y todos los ordenanzas de la administración regional», ha dicho Guijarro.
Esta medida, ha dicho, tiene el objetivo «claro» de buscar la «privatización de ambos servicios y, de paso, despedir a todos los interinos que trabajan hoy como informático u ordenanza de la Junta».
Guijarro también ha señalado los cambios que introduce el PP en el modelo educativo regional y que, a su juicio, favorecen «de manera descarada» a la enseñanza concertada frente a la enseñanza pública.
En este sentido, ha apuntado que mientras que a un docente de la enseñanza pública se le rebaja el sueldo un 11 por 100, a uno de la concertada se le recorta solo un 0,46 por 100.
Del mismo modo, ha criticado que los gastos para funcionamiento de los centros educativos caen un 50 por ciento en el caso de que sean públicos, pero sólo se baja un 9 por 100 en el caso de los concertados.
También ha denunciado que con las modificaciones que introduce el PP niños en riesgo de exclusión social de Castilla-La Mancha no van a tener garantizado el comedor escolar el próximo curso, puesto que va a depender de la disponibilidad presupuestaria.
«Solo esto habla bien a las claras de la falta de sensibilidad de un Gobierno como el de Cospedal», ha concluido.