lunes, 25 de noviembre de 2024
Reacción a los 104 despidos en Sanidad 07/08/2012junio 13th, 2017

El CSIF ha vuelto a pedir hoy la dimisión del consejero de Presidencia, Leandro Esteban, por «mentiroso» ya que su desautorización a la circular de la Dirección General de la Función Pública que pedía el despido del 80 por 100 de los interinos de la Junta era falsa, únicamente «una maniobra de cara a la galería». 
En un comunicado de prensa, el CSIF insiste en la dimisión «inmediata» del consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, una petición que ya planteó la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta el pasado 27 de julio por las «mentiras» de Esteban sobre la instrucción de cesar al 80 por 100 de los interinos de la Administración regional.

Según el CSIF, los hechos «desautorizan al consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, que en reiteradas ocasiones ha negado la validez de la citada instrucción aunque continúa el cese de interinos y, por ejemplo, ayer se suprimieron 104 puestos de trabajo de Salud y Bienestar Social.»


El sindicato considera que los hechos deslegitiman la gestión de Leandro Esteban y ponen en duda «su capacidad para coordinar los diferentes servicios de su Consejería».

En opinión del CSIF, es «falso» que el consejero haya desautorizado la aplicación de la instrucción, por lo que sus declaraciones únicamente fueron «una maniobra de cara a la galería».

El sindicato rechaza el «nuevo ataque» a la función pública y a los trabajadores y critica que el Gobierno regional no cumpla su compromiso de reducir las empresas públicas, que solamente han sido agrupadas o absorbidas por las distintas consejerías «pero manteniendo el gasto, los privilegios de algunos y los sueldos generosos», matiza la nota de prensa.

CSIF lamenta que las únicas políticas que desarrolla el Gobierno regional en relación a los empleados públicos sean los ceses, las rebajas salariales, el aumento de la jornada laboral y la eliminación del complemento de incapacidad temporal.

Asimismo, tacha de «preocupante» la que considera falta de respeto y expoliación de los derechos de los trabajadores de la función pública. 

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