La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha mostrado su satisfacción al término del Consejo Territorial de Servicios Sociales porque este nuevo modelo garantiza que los fondos recaudados con la casilla solidaria de la declaración de la renta van a llegar «a quienes más lo necesitan».
«Nadie debe desconfiar de la gestión de las administraciones públicas: son fondos condicionados y finalistas», ha resaltado para añadir que las comunidades se van a someter «a una justificación de los fondos» para dotar de mayor transparencia y objetividad al sistema.
El nuevo modelo se aplicará a partir de este año, y un grupo de trabajo se encargará de valorar su funcionamiento para «mantenerlo o mejorarlo» a partir de 2018.
Sobre este asunto, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha destacado que al Ejecutivo castellanomanchego le corresponderá gestionar casi 9,7 millones de euros «que se convocarán directamente por el Gobierno regional, para que se haga lo más ágil posible y satisfaga las necesidades de las entidades del Tercer Sector y de los ciudadanos».
Aurelia Sánchez ha destacado que las comunidades «han repetido a la ministra que el problema ha sido el retraso, porque el auto del Tribunal Constitucional es de enero de 2017, el Ministerio se ha reunido con el Tercer Sector y hubiera sido deseable que lo hubiera hecho con las comunidades autónomas».
La consejera ha anunciado que entre julio y agosto saldrá la convocatoria, ya que el crédito tiene que estar repartido antes de fin de año para que los ciudadanos sigan beneficiándose de una convocatoria que lleva años funcionando.
Sin embargo, varias comunidades han señalado que se trata de un pacto transitorio y, de hecho, la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña, Dolors Bassa, ha aclarado que el suyo es «un sí condicional y condicionado a que el acuerdo sea excepcional solo para este año», y que después sea el grupo de trabajo el que valore la distribución de los fondos.
«No se ha puesto en discusión el tramo estatal, no estaba ni en el orden del día», ha zanjado la ministra, que ha añadido que la función del grupo de trabajo será «mejorarlo o igualarlo» a partir del año que viene.
Un reparto que, aunque duramente criticado por el Tercer Sector, que pretendía una distribución al 50 %, no es fruto «del capricho de nadie», sino el acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que el pasado enero otorgó a las comunidades autónomas la gestión de la financiación de las ONG tras ser sucesivamente recurrida por cataluña, ha puntualizado.
Montserrat ha explicado que además se dedicará una partida presupuestaria ajena a los fondos del 0,7 % para ayudar en la gestión de los programas, aún por determinar.
«Animo a todos los españoles a marcar la casilla del 0,7 %; España tienen un gran sector social y lo vamos a seguir teniendo», ha concluido Montserrat, que ha destacado el aumento para este año de la recaudación en 6 millones de euros, al pasar de los 234 del 2016 a los 240 millones de este año.
Por último, la ministra ha confiado en que el acuerdo pueda aprobarse en la próxima reunión del Consejo de Ministros «o la siguiente», tal y como habían pedido Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, comunidades que al inicio de la reunión habían urgido a su publicación «con la mayor celeridad posible».
Todas las comunidades que han asistido han aplaudido el pacto, como el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, que ha señalado que con él se «seguirá garantizando la solidaridad entre territorios», y que aunque «es para lo que resta de 2017, marca las bases para el futuro acuerdo de 2018 y de años sucesivos».
Mientras, el consejero del ramo de La Rioja, Conrado Escobar, ha valorado la solidez jurídica «extraordinaria» del pacto porque diferencia claramente los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas y del Estado y ha celebrado que entre todos hayan sido capaces de visibilizar al tercer sector».
Por su parte, Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, comunidad a la que corresponderán 20 millones de euros, ha coincidido en que se dota de «estabilidad, certeza y garantía» a las entidades sociales.