Izquierda Unida ha pedido hoy al Gobierno regional que «dé un giro» en la política de prevención y extinción de incendios y planifique una «verdadera» política ambiental y ha instado a que comience por retirar el ERE en Geacam, la empresa pública de gestión ambiental.
El coordinador de IU en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha considerado, en un comunicado de prensa, que es «una grave irresponsabilidad mantener recortes innecesarios en la prevención a la vez que proliferan los incendios en las cinco provincias».
Martínez ha hecho estas consideraciones sobre los incendios que se han declarado hasta la fecha en las cinco provincias castellanomanchegas, varios de los cuales han coincidido en el tiempo provocando que el pasado día 11 la Junta declarase el estado de alerta en la región.
El coordinador regional de Izquierda Unidad ha señalado que los efectos en las zonas calcinadas, muchas protegidas y de gran valor ambiental, como el Alto Tajo, Cabañeros o la cuenca del Segura, son inmediatos y tienen una fuerte repercusión ambiental, social y económica.
En este sentido, ha reclamado a las administraciones «que actúen con agilidad y rapidez para afrontar cuanto antes los trabajos de recuperación y la inversión necesaria para mitigar los daños sufridos».
Ha asegurado que en materia de prevención y extinción de incendios, las políticas ambientales del Gobierno de Cospedal son «inexistentes en general y erráticas en cuanto a planes concretos y dispositivos de prevención y extinción, que está sufriendo recortes injustificables».
IU ha insistido en pedir la retirada del ERE de Geacam, que supone la reducción del salario un 34 % y de la jornada laboral de los empleados de extinción de incendios, que trabajarían ocho meses en lugar de doce, una medida que se suma al despido de 400 empleados que «aumenta considerablemente el riesgo de incendios en los próximos años», a juicio de Martínez.
El coordinador regional de IU ha asegurado que los incendios tienen consecuencias mucho más graves y costosas que el ahorro que puedan suponer los recortes aplicados, por lo que el Gobierno regional debe «dar un giro en sus prioridades y planificar una verdadera política ambiental y forestal que cuente con medios suficientes».