Los médicos de Castilla-La Mancha consideran injusto el Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de agosto y que deja sin cobertura a los inmigrantes sin papeles. Este es el sentir mayoritario del colectivo, el cual también alerta sobre el cambio de modelo que representa y sobre el rechazo que ha desencadenado. No en vano, se prevé que sean muchos los que sigan atendiendo a aquellos que no cuenten con la tarjeta sanitaria.
Desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real, su presidente, Ramón Garrido, ponía de manifiesto su profundo desacuerdo. «Teníamos un modelo de asistencia universal y ahora, a partir del 1 de septiembre, nace uno nuevo que distingue entre los asegurados y los no asegurados y en el que no se puede atender, por ejemplo, a las personas inmigrantes ilegales», aunque tampoco -según ha indicado- a aquellos de más de 26 años que no hayan cotizado. Estos tendrán que demostrar que no tienen recursos, «algo que aún no se ha concretado cómo se va a hacer».
Algunos médicos ya están haciendo saber que seguirán atendiendo a todo el mundo. No obstante, cree que la solución no es la objeción sino que el Gobierno de marcha atrás a la medida pues de por medio existe un código deontológico que obliga a los médicos a no dejar de ayudar a los pacientes y porque «en la práctica, si se sigue adelante con la ley, va a ser difícil garantizar la atención» y es que «será imposible prescribir a aquellos que no tengan tarjeta sanitaria o enviarles a un especialista». Por ello, prevé que «serán muchos los que vayan a objetar».
Los médicos tampoco ven con buenos ojos el convenio por el que los inmigrantes tendrán que pagar más de 700 euros al año para tener acceso a la sanidad, máxime cuando los sin papeles suelen carecer de recursos. «No es justo; la sanidad se debe financiar con los presupuestos que pagamos todos. Si pagamos impuestos es para tener educación y sanidad y si los suben que sea para esto y no para dar el dinero a los bancos». Garrido explica que en países como Portugal, Bélgica, Holanda y Francia se sigue garantizando la prestación y que el nuevo modelo que se ha implantado en España no es una «tendencia universal en Europa».
En la misma opinión se refería Juan Manuel Bachiller Pérez, presidente autonómico de Sanidad de CSIF, quien sentenciaba que «dudo de que una ley pueda obligar a un médico a dejar de atender a alguien», con las consecuencias negativas que eso puede suponer como, apuntaba, la propagación de enfermedades o la saturación de las Urgencias, como señalan otros médicos. Siempre manifestándose a título personal, asegura que el real decreto se contrapone al código deontológico de los médicos.
«Yo atenderé a todo el mundo; tenemos que atenderles y prescribirles, quien no lo haga así no será un buen médico. No podemos hacer nuestro un problema que es de los políticos». Es su opinión personal y cree que casi todos los médicos harán lo mismo pues «son los políticos los que han creado el conflicto». «Hasta ahora se ha atendido a todo el mundo y no creo que cambie. El problema es que no les podremos dar un volante para el especialista y tendrán que ir a Urgencias y se saturarán».
Por otro lado, CCOO ha mostrado «su más profundo rechazo» al nuevo Real Decreto de Sanidad y acusa a Mariano Rajoy de tomar medidas contra los colectivos más vulnerables, «haciendo hincapié sobre aquellos que no tienen nada; y pasando de largo sobre las medidas que puedan afectar a aquellos que podrían ayudar a salir de la crisis económica que atravesamos, como la lucha contra el fraude fiscal, los paraísos fiscales o la economía sumergida».
«A partir del 31 de agosto, los efectos de esta nueva y discriminatoria medida empezarán a notarse de forma significativa, dado que en ese momento dejarán de estar en vigor aquellas tarjetas sanitarias expedidas previamente», señala Lola Santillana, secretaria de Empleo y Migraciones CCOO Castilla-La Mancha.
«Se estima que hay más de 400.000 inmigrantes en situación irregular en España. Y se culpabiliza a un colectivo socialmente muy vulnerable. Una situación rechazada por los sindicatos y por la mayoría del colectivo sanitario, que prometieron seguir atendiendo a los sin papeles pese a estas medidas. Al excluir al colectivo de inmigrantes del derecho a la asistencia sanitaria, el Gobierno Rajoy también pone en peligro la salud de todos los españoles, aumentando el riesgo de contagio con muchas enfermedades e incumpliendo el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos».