El pueblo de Noblejas (Toledo) está teniendo su particular culebrón del verano. Y decimos está teniendo porque el equipo de gobierno socialista convocará un pleno a finales del verano, aún no sabe si ordinario o extraordinario, para abordar, entre otros asuntos, la polémica o el rumor de un desalojo de gitanos de la Cañada Real madrileña surgido del boca-oreja no solo en el mencionado municipio, sino asimismo en los también toledanos Ocaña y Ontígola.
Según una información del diario El Mundo, todo surgió cuando un vecino de Noblejas le comunicó al fontanero de la localidad, Luis Cubillas, que un colectivo de gitanos, de la Cañada Real madrileña, iba a ser reubicado en la urbanización «Nueva Noblejas», en la Avenida de la Estación, en la que el único propietario es Cubillas. Esta promoción fue financiada por la Caixa en 2007 en pleno boom del ladrillo. Solo se vendieron dos de las 38 viviendas. El primer comprador ni llegó a ocuparla. Luis Cubillas se quedó con la segunda.
Luego llegó la polémica mediación del alcalde, Agustín Jiménez (PSOE), tomando cartas en el asunto. Según Cubillas, al Ayuntamiento le llegó la confirmación del realojo a raíz de que a un concejal un brigada de la Guardia Civi le dijo que «algo había oído» y de que personas habrían estado preguntando en la urbanización, de etnia gitana, por sus «futuras casas». Cubillas dijo al respecto que solo un gitano preguntó, y «era de Ciruelos» (Toledo).
Nada había, pues, oficial, solo un rumor, pero la oposición del PP, según cuenta su portavoz, Pilar Amores, lo tomó como un bulo hasta que surgió el primero de los tres buzoneos del alcalde. En el primero, según Amores, el comunicado informaba a los vecinos del realojo de gitanos de la Cañada Real en el pueblo, y que esa información le había llegado por los servicios de información de la Guardia Civil.
Tras la emisión de este comunicado, el PP, «porque esto se hace con cuatro llamadas», comenta Amores, investigó si había algo de cierto en el rumor. Y todo fueron desmentidos: de la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil, la Junta y el Ayuntamiento de Ocaña. Dirigiéndose a la Caixa, les dijeron que a finales de junio el Gobierno de Castilla-La Mancha había firmado un convenio con la entidad bancaria para destinar parte de las viviendas embargadas a alquileres sociales, en el ámbito de una promoción dirigida a vecinos empadronados en Noblejas y Ocaña («no en Ontígola», aclara Amores) con rentas de entre 6.000 y 18.000 euros. Solo había eso.
EL EQUIPO DE GOBIERNO CALLA
Desde el equipo de gobierno, a día de ayer no se querían pronunciar oficialmente al respecto, mientras que el servicio de información de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha negaba rotundamente la existencia del referido plan de realojo de los gitanos en la comunidad autónoma.
Según la información del diario, una segunda comunicación del alcalde (las tres tuvieron fecha del 31 de julio y 1 y 2 de agosto) avisó a la Caixa del «ataque a la convivencia de un pueblo por la llegada de un colectivo marginal ajeno a la forma de vivir de sus habitantes» y sugería incluso «la insurreción de los vecinos de Noblejas perjudicando seriamente el buen nombre de la Caixa».
Lo cierto, así lo confirma la portavoz «popular», es que hubo clientes de la Caixa que dieron de baja a sus cuentas tras la extensión del rumor y las misivas del Ayuntamiento.
Amores añade que el equipo de gobierno acusó al PP de conocer el supuesto realojo y de culpabilizarle del mismo. «Jiménez crea los problemas para luego solucionarlos. Es solo una estrategia política», comenta antes de informar de que por su parte la alcaldesa de Ocaña, Remedios Gordo (PP), publicó un bando para afirmar que todo había sido un bulo.
«AHORA ESTÁ TODO TRANQUILO»
«Ahora todo está tranquilo en Noblejas y Ocaña ya que los vecinos sabe que todo es mentira», dice Pilar Amores, aunque no las tiene todas consigo por si el culebrón pueda dar más de sí.
Por último, informa de que el PP de las tres localidades afectadas han pedido oficialmente al Gobierno regional, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y la Guardia Civil que desmientan oficialmente la existencia del plan de realojo. «Pero hay que esperar tratándose de la Administración», concluye.