PSOE y Podemos de Castilla-La Mancha van a retirar la enmienda que presentaron al proyecto de ley de medidas administrativas, tal y como ha pedido el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, con el objetivo de abordarlo con los agentes sociales que habían mostrado su rechazo.
El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafael Esteban, y la diputada de Podemos, María Díaz, han anunciado en rueda de prensa la retirada de esta enmienda al proyecto de Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas.
Esteban ha explicado que la enmienda pretendía recuperar un mandato que se retiró durante el Gobierno del PP, en 2012, cuando se eliminó las consolidaciones de grado a los funcionarios de la Junta que hubieran sido designados como altos cargos.
A raíz de esa eliminación, PSOE y Podemos querían que «se volviese a tener en cuenta que las personas que participan en el Gobierno y que son funcionarios en la Junta de Comunidades pudiesen tener la oportunidad de tener esa consolidación progresiva de sus grados a lo largo de los años», según ha explicado Esteban.
El parlamentario socialista ha dejado claro que no se trata de sueldos vitalicios ni pretenden que lo sean, pero tampoco quieren que las personas que forman parte del Gobierno «una vez que salen del mismo pierdan derechos con respecto a sus compañeros».
En este sentido, ha subrayado que tanto Podemos y PSOE han considerado «oportuno» retirar esta enmienda y ha mostrado su deseo de iniciar todos los trámites de diálogo para que tanto el Gobierno regional como los sindicatos y los grupos parlamentarios puedan participar de forma coherente «en algo que creemos que tiene que ser justo».
Por su parte, María Díaz ha señalado que Podemos Castilla-La Mancha siempre ha defendido que el ejercicio de la actividad política no puede suponer privilegio pero tampoco «puede suponer un menoscabo de los derechos profesionales y personales de quienes se comprometen con el servicio público».
La diputada de la formación morada ha respondido a las críticas del PP y ha remarcado que «el espíritu de la enmienda no permite ni persigue establecer sobresueldos, aumentos de salarios, ni pensiones vitalicias».
Según ha explicado Díaz, lo que pretendía la enmienda es reparar «una discriminación hoy existente» con algunos trabajadores públicos que dan el paso a la política y «ven cercenada la posibilidad de progresar en su carrera profesional en igualdad con el resto de funcionarios».
[ze_summary text=»Según Podemos, lo que pretendía la enmienda es reparar una discriminación existente»]Según Podemos, lo que pretendía la enmienda es reparar una discriminación existente[/ze_summary]Asimismo, María Díaz ha señalado que la intención de ambos partidos es hablar con todas las partes afectadas y «buscar una vía de solución consensuada para que la actividad política no suponga privilegios pero tampoco menoscabo de los derechos de nadie».
Tras la comparecencia del PSOE y Podemos, el portavoz del grupo parlamentario popular, Francisco Cañizares, ha criticado, en otra rueda de prensa, que PSOE y Podemos no hayan renunciado a establecer en Castilla-La Mancha «privilegios y sueldos vitalicios».
«No han dicho que renuncien a plantearlo, que les parezca mal, no han dicho que se han equivocado, han dicho que los que se han equivocado han sido todos los funcionarios publico de Castilla-La Mancha», ha criticado Cañizares, para quien el desacuerdo de los sindicatos de los funcionarios con la enmienda ha hecho que no tengan «otro remedio que dar un paso para atrás».