Los ayuntamientos han constatado que, mientras «la deuda comercial» de las comunidades autónomas se ha resuelto, la de las corporaciones locales «sigue sin afrontarse» por parte de los gobiernos regionales. En un documento, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) señala que las autonomías tienen «una importante deuda» con los ayuntamientos, principalmente por los servicios que prestan por convenio y que son competencia de las administraciones autonómicas.
Alude al mecanismo de pago a proveedores establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha posibilitado que la deuda con las empresas quede prácticamente saldada.
Sin embargo, destaca la FEMP, no ha ocurrido lo mismo con los ayuntamientos, que también son proveedores de las comunidades autónomas.
Así, mientras la deuda comercial de las comunidades autónomas se ha resuelto, «la deuda con los ayuntamientos sigue sin afrontarse por parte de los gobiernos regionales», añade.
Para la FEMP, eso obliga a las entidades locales a destinar sus propios recursos para cubrir esos costes, «algo que cada vez se hace más difícil» y supone, en algunos casos, que éstas pueden llegar a financiar a las comunidades, al no recibir el dinero que les tendrían que abonar por la prestación de determinados servicios.
Según sus datos, al 75 por 100 de las capitales de provincia, que no especifican, deben unos 800 millones de euros, lo que, extrapolado al conjunto de los municipios, indica que la cifra superaría los 1.000 millones de euros.
La FEMP ya trasladó su preocupación por este asunto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el seno de la última Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) de finales de julio.
Recuerda que el anterior presidente, Juan Ignacio Zoido, envió cartas a todos los presidentes autonómicos para solicitar entrevistas y hablar del asunto.
Indica que la FEMP ya se ha reunido con los presidentes de Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Madrid.
En su opinión, el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno sobre la reforma local da un paso adelante para que no se siga produciendo esta situación.
Se refiere, en concreto, a la excepcionalidad para ejercer competencias no previstas en la ley, que deberá ir acompañada por la correspondiente dotación financiera.