Nueve horas de negociación en la Mesa de la Función Pública. A un lado, CC.OO., UGT y STAS; en el otro, algunos jefes de sección (que no todos, aseguran los sindicatos) y el director de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente. En la mesa, la modificación de una RPT, es decir, de una Relación de Puestos de Trabajo que suponía el cese de personal de la Administración regional. Al final se eliminaron 672 puestos de trabajo. Pero, según los sindicatos, no fue una negociación porque ya estaba todo decidido antes de empezar.
Con aplausos y gritos de «¡Leandro, dimisión!» han sido recibido los sindicalistas de CC.OO., UGT y STAS que se encerraron en la Consejería de Administraciones Públicas después de que la Mesa de la Función Pública fuese un «espectáculo bochornoso», donde «lo único que se pretendía era que nos levantásemos cuanto antes» porque «tenían todo decidido».
Los representantes de los funcionarios han señalado que «llegaron a reconocer que la intención última es privatizar los servicios que hoy quedan desamparados».
Ramón González señalaba que «esta gente por las buenas no quiere nada, quieren llevárselo todo» y la única herramienta que disponen para plantarles cara es «la solidaridad, la unidad y la lucha».
Además Miguel Guerra, de UGT, alertaba: «Vienen a por más» porque «su intención siguiente es seguir recortando y destruir empleo público».
Los sindicatos apuntaban que era una reunión donde estaba todo preparado, «con las cartas marcadas desde el inicio», donde «en muchos casos nos quitó la palabra (Juan Manuel de la Fuente)», por lo que «no se pudo negociar nada» y, por tanto, «no se movió ni una coma».
90 SEGUNDOS DE NEGOCIACIÓN POR CASO
Sobre la mesa, más de 600 plazas. Al final, se eliminaron 672, aunque los sindicatos llevaban los informes de cada una de ellas y querían saber los motivos por los que se eliminaban. Estaban dispuestos a negociar, pero su sorpresa llegó cuando, según sus cálculos, se destinó de media 90 segundos por cada plaza.
Las consecuencias de esta modificación se pueden observar por ejemplo en materia de Dependencia, donde el servicio que se presta se va a ver retrasado entre 20 y 30 meses, según los cálculos de los sindicatos.
Por todo ello, han vuelto a pedir la dimisión tanto del director de la Función Pública como del consejero Leandro Esteban y han asegurado que han conseguido lo que nunca antes en la Administración regional, ser una piña todos los empleados públicos.
VAN A IR A LOS TRIBUNALES
Por ello, y contando con esa fortaleza, van a seguir trabajando y luchando. La primera medida que van a tomar en estos 10 días siguientes es la de llevar a los tribunales la negociación porque consideran que se han vulnerado los derechos de los trabajadores al no negociarse nada.
La segunda medida es una nueva asamblea de trabajadores para el mes de septiembre donde, desde la unidad, adoptarán las medidas convenientes porque «esto no va a quedar así», aseguraba Gustavo Fabra de STAS.
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