Algo está fallando cuando un dictador como es el presidente de Turquía ordena que detengan a quienes le critican, con acusaciones ambiguas y contradictorias, y la Interpol -Organización Internacional de Policía Criminal- cumple esa orden sin siquiera analizar si esas acusaciones tienen un mínimo fundamento. Eso les ha ocurrido a los periodistas Hamza Yalçin y Dogan Akhanli, nacidos en ese país pero exiliados respectivamente en Suecia y Alemania, países cuya nacionalidad también tienen, que han sido arrestados en España.

Yalçin fue detenido el 3 de agosto en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), cuando se disponía a volar a Londres y la policía comprobó que estaba reclamado por Interpol. Desde entonces permanece en prisión preventiva, a la espera de que Turquía solicite formalmente su extradición y envíe la documentación correspondiente en el plazo de 40 días. Dos semanas después, el día 19, Akhanli fue detenido en Granada, donde viajó con su esposa para visitar La Alhambra, y permanece en libertad provisional pero no puede regresar a su país.

Contra periodistas y medios de comunicación

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no permite que le critiquen. Y persigue con especial dureza a los periodistas y los medios de comunicación que rechazan sus políticas y se atreven a decirlo abiertamente ejercitando su libertad de expresión. Ya se sabe que sin información libre no existe la democracia, pero Erdogan ha demostrado que no tiene nada de demócrata, aunque la Unión Europea le trate como si lo fuera y haya negociado con ese país un vergonzoso acuerdo para frenar la entrada de refugiados a los países europeos a cambio de darle muchos millones de euros.

A Yalçin le acusan de haber insultado en sus escritos al presidente Erdogan y de mantener «vínculos terroristas»  con el Movimiento de Resistencia del Frente/Partido de Liberación del Pueblo de Turquía, que es ilegal. Él niega esas acusaciones y ha recordado que ese grupo no está activo desde el año 1972, cuando su líder fue asesinado.

Akhanli fue detenido cuando entró en Turquía en 2010, acusado de un robo con homicidio. Tras cuatro meses en prisión fue absuelto, porque en el juicio se demostró que en el momento de los hechos él ni siquiera se encontraba en ese país, pero en 2013 su caso fue revisado, anularon la sentencia y le condenaron -él vivía ya en Alemania-, lo que motivó la orden internacional de detención a través de Interpol que España ha aplicado ahora.

Decenas de miles de detenidos

Conviene recordar algunos datos: desde el fallido golpe de Estado del 15 de julio del año pasado, en Turquía han sido detenidos más de 50.000 profesores, abogados, intelectuales y activistas; más de 110.000 funcionarios han sido despedidos; 165 periodistas han sido detenidos y más de 150 medios de comunicación cerrados; el Convenio Europeo de Derechos Humanos está suspendido desde entonces…

La vulneración permanente de los Derechos Humanos y la falta de libertad de expresión e información en ese país ha sido denunciada por organismos como Naciones Unidas, Consejo de Europa, Comisión Europea, Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OCSE), Human Rigts Watch (HRW), Instituto Internacional de Prensa (IPI), Centro Europeo de Libertad de Prensa y otros.

La OCSE ha dicho que Interpol debe «considerar cuidadosamente» cada orden de detención que reciba para personas involucradas en el debate público en Turquía, especialmente contra periodistas, antes de aplicarla. «Ningún Estado puede abusar de Interpol para restringir la libertad de expresión», ha añadido.

Pero ninguna de estas denuncias de organismos internacionales ha servido para que Interpol revise las órdenes de detención antes de ponerlas en marcha.

Sin problemas en Europa pero detenidos en España

Sorprende que los dos detenidos hayan visitado distintos países de la Unión Europea sin haber tenido ningún problema y hayan sido detenidos en España, por órdenes de arresto cursadas hace años. Los dos han criticado el trato que han recibido -«me metieron como un criminal en una celda, con esposas», ha declarado Akhanli- y los dos han dicho que nadie del Gobierno español se ha interesado por ellos. De los políticos, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se entrevistó con él en el Congreso el 30 de agosto y, hasta ese momento, era el único que se había interesado por su caso.

Las autoridades de Suecia y Alemania se han movilizado para que no sean entregados a Turquía Yalçin y Akhanli, que también son ciudadanos de esos países, respectivamente. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) han presentado sendos informes en la Fiscalía General del Estado y a los grupos parlamentarios del Congreso, para defender que no sean extraditados, porque la legislación española contiene preceptos que permiten rechazar la petición del Gobierno de Erdogan.

El Gobierno español, mientras tanto, guarda silencio porque dice que se trata de un asunto judicial. Pero no es solo un caso judicial, también es un tema político porque la última palabra para decidir si los extradita o no la tiene el Consejo de Ministros, que no está obligado a hacer lo que decida la Audiencia Naciolnal. Algo falla cuando una acusación sin pruebas de un gobierno dictatorial vale más que las denuncias internacionales contra ese país y sirve para que España detenga a dos ciudadanos europeos. Tal vez ha llegado la hora de que España revise su Ley de Extradición Pasiva.