El número de jóvenes que cometen delitos y el número de medidas adoptadas aumenta cada año y, así, la tasa de incidencia se ha incrementado desde el año 2009, con más del 2 por 100 respecto a la población total en la franja de edad de los 14 a 18 años. Martínez Cenzano ha presentado, en la Facultad de Terapia Ocupacional de Talavera, el Informe Especial elaborado por su oficina junto a la Universidad de Castilla-La Mancha sobre la aplicación de la Ley del Menor en la región, una «buena ley» en su opinión.
En los menores predominan los delitos contra la propiedad, robos y hurtos, y contra las personas, con un creciente número de malos tratos en el ámbito familiar, delitos todos ellos que suponen el 85,3 por 100 de los hechos que dieron origen a las medidas ejecutadas en 2009.
La oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha advierte de la insuficiente especialización de los fiscales a pesar de la creación de las fiscalías delegadas, y reclama mejores instalaciones y mayor dotación de equipos técnicos en la judicatura.
Sobre los niños tutelados, el adjunto al defensor del pueblo, Rufino Alarcón, ha considerado «preocupante» su aumento y ha explicado que hay «causas sociológicas» en este incremento, entre ellas la crisis económica.
También ha apuntado que se están rompiendo «tópicos» porque cada vez hay más niños tutelados de familias «normalizadas», que no proceden de núcleos desestructurados o en riesgo de exclusión.
El 56 por 100 de los menores tutelados por la Junta están acogidos en familias extensas o ajenas, y el 43 por 100 están acogidos en unidades residenciales de pequeño tamaño, en centros de 4 a 8 plazas, según el informe.
En los dos últimos años, 22 entidades han colaborado con la Junta a través de la gestión de recursos residenciales para menores, y cinco entidades gestionan el 65 por 100 del presupuesto total.
A lo largo de 2010 siete organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica recibieron el 24,5 por 100 del presupuesto destinado al acogimiento residencial.
En cuanto a adopciones, el informe señala que entre 2003 y 2010 se produjeron 1.222 en Castilla-La Mancha, de las que un 88 por 100 fueron internacionales y el 12 por 100 regionales.
El informe alerta de que los países que proveen de un mayor número de menores a Castilla-La Mancha no son firmantes del Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, y recomienda limitar las adopciones en exclusiva con aquellos países que lo hayan suscrito.
Entre las recomendaciones del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha destaca la creación de un Observatorio de la Infancia con un registro autonómico de datos sobre la intervención en familias con menores, maltrato infantil, declaraciones de desamparo, guardas y acogimientos, adopción y menores en conflicto.
También incide en la necesidad de mejorar la formación de los profesionales y recomienda elaborar un Plan de Infancia y Adolescencia.
El defensor del pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, considera una «perversión» que el debate sobre menores se reduzca a «si deben o no ser condenados antes de los 14 años» cuando, en su opinión, hay que incrementar la educación en valores y el respeto.
Ha explicado que «no podemos colocar a los menores infractores, que son un número muy reducido, en el eje de nuestros discurso» porque sería «una simplificación intolerable» y porque, además, así se minimiza el riesgo que sufren otros menores de manera silente, con situaciones de violencia y de acoso escolar o en las redes sociales que es necesario atajar.
Martínez Cenzano ha pedido un protagonismo mayor de los trabajadores y educadores sociales para que los niños «sean educados en los valores sociales que comporta el respeto», primero hacia ellos mismos y luego hacia su entorno familiar y el resto de la sociedad.
El Informe Especial sobre la aplicación de la Ley del Menor en Castilla-La Mancha es fruto de once meses de trabajo en el que han participado profesores y profesionales de la universidad y responsables del ámbito jurídico.
A lo largo de casi 300 páginas, el documento analiza las medidas de prevención y apoyo a la familia en situaciones de riesgo, los casos de desamparo, tutela y guarda, y el estado del acogimiento familiar y residencial en los hogares de primera acogida, las residencias de menores, los centros de atención especializada o terapéuticos y los pisos de autonomía.