Este es el motivo que les ha llevado hoy a registraren la Consejería de Sanidad y Consumo 14 propuestas que esperan que se incluyan en el nuevo decreto que sobre esta materia está elaborando el Gobierno regional para adaptarse a la normativa europea, «más permisiva con las gasolineras sin empleados», según ha recalcado el presidente de la patronal de gasolineras, Alberto Domínguez.
En declaraciones a los medios, antes de registrar sus solicitudes, Domínguez ha explicado de las 14 propuestas, «hay una que solventaría todo el problema y es que todas las unidades de suministro de carburante deben cumplir la obligación legal de contar al menos con un empleado», a lo que obligaba el anterior decreto de la Junta, del año 2005.
Además, esto iría a favor de una mayor seguridad, que, a raíz de los atentados de Barcelona, «se ha demostrado que es el mayor valor a defender y que no puede ir una persona a una gasolinera y llevarse la cantidad de litros que quiera llevarse de gasolina, que es un material altamente explosivo y muy peligroso», ha alertado.
El responsable regional de Industria de CCOO, Ángel León, ha subrayado que en Castilla-La Mancha hay 730 estaciones de servicio, de las cuales el 16 % (160) son desatendidas, lo que se ha traducido en una pérdida de empleo desde 2014 de 136 puestos de trabajo, a lo hay que sumar la falta de seguridad y el menoscabo de los derechos de los discapacitados y la competencia desleal entre las empresas.
En similares términos se ha expresado el responsable regional de la Federación de Industria de UGT, Carlos Duque, quien se ha referido además a la campaña de recogida de firmas que han iniciado para que el Gobierno regional endurezca las medidas para evitar que proliferen este tipo de gasolineras sin personal, que además, ha dicho, deberían estar penalizadas porque no crean empleo.
Por su parte, el gerente de Cermi en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, ha informado de que este organismo a nivel estatal ha trasladado a la Unión Europea el planteamiento de que «es incompatible la liberalización del servicio que pretende hacer la Unión Europea con la armonización de los derechos de las personas con discapacidad».
Y ha recalcado que la Convención de la ONU establece que, en el acceso a bienes y servicios, «se tiene que primar a las personas con movilidad reducida o cualquier discapacidad», lo que incluye el respostaje de combustible, y que estos derechos también los recoge la ley autonómica de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2014.
Por último, el presidente regional de la asociación de consumidores Facua, Francisco Ferrer, ha destacado que esta organización está también muy sensibilizada con este asunto «tan preocupante y peligroso a la vez».
Y ha criticado que, «con la excusa de mantener o crear competencia, lo que no deseamos es que se rebajen los derechos de los consumidores y usuarios castellano-manchegos, cuya competencia no es de Europa, sino que es de nuestra comunidad», ha recalcado, y que ya estaban garantizados en la normativa autonómica.