El sindicato STAS considera que la «nueva agresión» a la educación pública que se hace con el «proyecto piloto» anunciado por el consejero de Educación, Marcial Marín, de disponer de siete centros para alumnos con necesidades educativas especiales lo que pretende es «reducir» el número de profesionales dedicados ahora a atender a este colectivo.
En un comunicado, el STAS considera que este proyecto piloto -que según el consejero tiene carácter voluntario, es decir, que las familias podrán optar o no para ir a uno de ellos- tiene por objetivo reducir el número de profesionales dedicados ahora a atender a estos alumnos, la mayoría laborales y funcionarios.
Se trata, según dicho sindicato, de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE), Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE), Fisioterapeutas y Técnicos en Interpretación de Lenguaje de Signos (TEILS) que hasta ahora prestaban atención a los niños discapacitados en los diferentes centros educativos de la región.
De llevarse a cabo dicho «despropósito», aseguran, la Consejería estaría incumpliendo lo establecido en la Constitución Española (artº. 14 y 27), en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación y en la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, que establece que «la respuesta a la diversidad del alumnado se regirá por los principios de igualdad de oportunidades y acceso universal, normalización, inclusión escolar e integración social».
En este sentido, el STAS se pregunta si es que el PP pretende modificar toda esta normativa para adecuarla a sus propósitos «como con la famosa sentencia que prohíbe la subvención pública a los colegios que segreguen por sexo».
«Resulta inconcebible -dicen- que una vez más la Administración regional presente dicho proyecto con el trágala de que servirá para aumentar la calidad del servicio y para optimizar recursos», señala en el comunicado.
Este proyecto, dice el STAS, va a obligar a los menores a abandonar su colegio y su entorno social para desplazarse diariamente a otro centro o localidad.
Y, si lo que se pretende es reducir el número de profesionales que se dedican a hacer posible el mandato constitucional arriba reseñado, resulta obvio que ello va a repercutir negativamente en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Por ello, desde STAS-CLM Intersindical se considera que esta amenaza que pesa sobre el personal laboral y funcionario viene a sumarse a la «escandalosa poda» de interinos docentes para el próximo curso y se inscribe en un ataque generalizado contra la Educación Pública para dejar ésta en manos de la iniciativa privada.
Anuncian por todo ello que van a poner en marcha todos sus recursos jurídicos y de movilización para hacer frente, junto con los padres y madres, a esta medida «injusta y arbitraria», que hace recaer el peso de la crisis en el sector más débil del sistema educativo.