«Quiero hacer unas reflexiones sosegadas, a pesar de lo indignado que estoy, ante la «amenaza» del gobierno de derechas de Cospedal, de crear 7 espacios en CLM, para la educación de alumnos con necesidades educativas especiales.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas, consagró la educación inclusiva de las personas con discapacidad, estableciendo unas bases firmes y nítidas, garantizando el principio de acceso normalizado del alumnado con necesidades educativas especiales a los recursos educativos ordinarios, sin discriminación o segregación de ningún tipo por esta circunstancia, proporcionando los apoyos necesarios en un entorno educativo abierto.
En este sentido se ha hecho un esfuerzo importantísimo en nuestra Región incorporando al sistema educativo un gran número de profesionales de apoyo (maestros especializados en pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje, fisioterapeutas, así como auxiliares de apoyo al profesorado). Esto ha conseguido ir avanzando en este proceso de normalización de la respuesta que el sistema educativo ha ofrecido a estos niños permitiendo que acudan al mismo colegio que sus hermanos, vecinos, etc. y a su vez asegurando que sus necesidades de apoyo estaban cubiertas.
Esta situación es igualmente enriquecedora para estos niños y para sus compañeros sin discapacidad, que comienzan a educarse en un entorno práctico en valores como la solidaridad, el respeto a la diferencia, el esfuerzo o la capacidad de superación de limitaciones.
Lo que hace el gobierno de Cospedal es perder de vista este principio de normalización y sacar a los niños de su entorno más próximo por razones de discapacidad, lo cual no tiene argumento técnico que lo sostenga. Es un acto de discriminación negativa en toda regla. No vale hacerlo por razón «de especialización» de los profesionales porque esta especialización la da la formación y la experiencia, no el lugar donde el profesional este ubicado.
Preocupado debería estar el gobierno de Cospedal, por promover la coordinación del profesorado que imparte los diferentes niveles y la adecuada orientación psicopedagógica con objeto de posibilitar el tránsito del alumnado con necesidades educativas especiales entre las distintas etapas educativas, para su posterior capacitación profesional e inserción en el mundo laboral.
Pero claro, cómo hablarle a este gobierno de coordinación si a fecha 30 de agosto no se sabe ni los colegios donde se llevarían a cabo las «experiencias pilotos», ni los directores de los mismos han recibido instrucciones al respecto ni tampoco los colegios normalizados donde estudiaban el curso pasado los niños con necesidades educativas especiales han recibido la pertinente comunicación, o qué decir del traslado de los expedientes y los informes de derivación que deberían a estas alturas estar más que elaborados.
También debería existir una intensa coordinarción con el movimiento asociativo de la discapacidad y de sus familias para la mejora de los procesos de inclusión y atención de este alumnado. Los padres a estas alturas están sin saber nada oficialmente, salvo los comunicados de prensa, en un tema tan importante como es el futuro inmediato de sus hijos.
Qué forma tan gratuita de añadir angustia a unas familias que no lo han tenido nada fácil desde el nacimiento de sus hijos y que en la mayoría de los casos han peleado y siguen peleando para que sus hijos con discapacidad o con necesidades educativas especiales sean alumnos para los que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
La improvisación demostrada es fruto del desconocimiento y de la poca importancia que se le concede a este tema y desde luego dista mucho de la imagen de «especialización y profesionalidad» que cada día pretende vendernos este «gobierno».
Es curioso que mientras la propia Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, plantea que la legislación estatal y autonómica se revise para que exista una completa acomodación entre la visión de la educación inclusiva de la Convención y nuestro sistema educativo, aquí pretenden ir con el pie cambiado, intentando hacer el proceso inverso, dando pasos atrás en el camino recorrido hacia la inclusión educativa.
Para terminar, y sin querer herir a nadie, les ruego a estas personas que «nos gobiernan», que no miren 30 años atrás, a esa época a la que continuamente nos quieren llevar y recuerden que ya se terminó esa historia negra de este país donde a las personas con discapacidad se las tenía escondidas, en lugares apartados donde no se les viese o atadas a los radiadores».
Luis Carlos Sahuquillo es viceportavoz de Política Social del PSOE en el Congreso de los Diputados. Fue director general de Atención a Personas con Discapacidad.