Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España, todas ellas de carácter medioambiental estatal, han denunciado las recientes actuaciones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ante el último trasvase. Así, piden al Ministerio, mediante el Consejo Nacional del Agua del que forman parte, que se remita una certificación de que no se hubiera llevado a cabo una actuación ilegal.
Mediante un comunicado, las cinco ONG han considerado que este nuevo episodio ha traído consigo diferentes conflictos no solo sociales y ambientales, sino también jurídicos y políticos, que no tratan en tildar de «insostenibles». Todas las organizaciones coinciden a la hora de denunciar el último trasvase de agua desde la cabecera del Tajo hasta el Levante, ocurrido entre el 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre.
No se puede trasvasar agua en estas condiciones
«La cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia», señalan, por lo que los niveles están por debajo «del mínimo permitido para trasvasar». «No es posible trasvasar agua», denuncian. Así, ponen de manifiesto que la decisión del Ejecutivo habría abandonado «el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo», según censuran.
Las organizaciones ambientales consideran que existe un interés «nulo» por parte del Gobierno a la hora de cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, que viene a exigir una prevención del deterioro del estado de las masas de agua superficiales, así como la protección, mejora y regeneración de estas «con el objeto de alcanzar un buen estado de las mismas», tal y como se subraya en la propia directiva.
[ze_summary text=»Una crítica enviada al Ministerio por la falta de gestión eficiente en las planificaciones sobre el Tajo»]Una crítica enviada al Ministerio por la falta de gestión eficiente en las planificaciones sobre el Tajo[/ze_summary]
Aseguran que la Ley de Evaluación Ambiental ha traído consigo un giro radical «a la regulación del trasvase Tajo-Segura», que ya fue denunciado por diferentes colectivos. Por lo tanto, como firman en este comunicado, «es insostenible mantener la explotación actual» del río que estaría -y así lo denuncian- «inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas». A esto le añaden una crítica sobre las inexistentes medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que pudieran aportar soluciones al respecto.
El modelo de explotación actual «condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos», subrayan, y consideran que la gestión del agua está muy condicionada por dicho modelo de explotación actual.
Se necesita un «cambio de rumbo urgente»
De este modo, las organizaciones presentes en el Consejo Nacional del Agua, piden al Ministerio que se cambie de rumbo de manera «urgente» en la política de aguas en España, para «evitar más problemas ambientales, sociales y económicos» por lo que, a su juicio, habría que eliminar el enfoque productivista y mercantilista en este aspecto, ya que sería «incompatible con la normativa del siglo XXI».
Las soluciones que plantean estarían enfocadas hacia una reorientación de los sectores económicos para adaptarlos «a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos», por lo que es de «irresponsabilidad institucional» cualquier medida que no vaya «en esa dirección».