viernes, 18 de octubre de 2024
Así lo cree su coordinador regional, Daniel Martínez 01/09/2012junio 13th, 2017

IU de Castilla-La Mancha ha considerado que, un año después del anuncio del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, se han deteriorado los servicios públicos más básicos y se han desmantelado parte de estos servicios, por lo que cree que la región se ha empobrecido en este tiempo.

En declaraciones a Efe, el coordinador regional de la coalición de izquierdas en la región, Daniel Martínez, ha alertado de que, a pesar de estos «resultados negativos» del plan de ajuste, no serán estas las peores consecuencias porque «parece que ahora toca privatizar y hacerlos un negocio, sobre todo la sanidad y la educación».


La aplicación «a rajatabla» del principio de la estabilidad presupuestaria en Castilla-La Mancha ha provocado, según Martínez, que el plan de ajuste haya desarrollado «una serie de recortes que se han dejado notar en los tres pilares básicos de la administración regional: la sanidad, la educación y los servicios sociales».

También ha criticado de este plan que «no tiene ninguna medida para la creación de empleo» y, sin embargo, ha cifrado en 13.000 los empleados públicos que han dejado de prestar servicios en diferentes áreas de la administración pública.

«Cada medida de recorte ha provocado directamente un aumento del paro», ha denunciado el coordinador regional de IU.

Martínez ha afirmado que, en este plan de ajuste, echa de menos medidas para aplicar una reforma fiscal y tributaria, que «dote a las arcas públicas de mayores recursos», a través de impuestos progresivos y la lucha contra la economía sumergida.

Pero Martínez ha denunciado que «de eso, nada», sino que el plan de ajuste «castiga a los que no han provocado la crisis, mientras que sus causantes se están yendo de rositas y la región sigue sumida en una importante recesión», de la que es «muy difícil recuperarse» y ha vaticinado que, si se sigue por el camino iniciado, «no tendrá una salida justa» porque «se están perdiendo muchos derechos».

Por todo ello, Martínez ha «negado la mayor», al afirmar que el plan de garantías «no garantiza la prestación de los servicios sociales, sino que los está dejando tocados».

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