El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha planteado hoy que el agua sea considerada un derecho fundamental porque se trata de un bien común que hay que protegerlo. Lo ha asegurado en la reunión con el presidente de la Plataforma para la Defensa del Tajo en Toledo, Alejandro Cano, quien ha asegurado que «el trasvase nos cuesta ahora mismo más de 2.000 millones de euros a todos los españoles».
García- Molina ha comenzado una ronda de contactos con agentes políticos y medioambientales, y con organizaciones para ayudar a aclarar la «maraña legal» que rodea el tema del agua y «dar pasos políticos en cuanto a la sostenibilidad».
En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente segundo de la Junta ha manifestado que hay que empezar a pensar en el agua como derecho fundamental y que, con eso, no se pueda «priorizar el negocio de algunos».
Hay que proteger el agua, un tema que, según García Molina, «podría formar parte del Estatuto de Autonomía» y tiene que ser un «tema central en el pensamiento político».
La situación del Tajo y de otros ríos, ha continuado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, empieza a ser insostenible y la ciencia tiene que ayudar a entender cuáles son los pasos políticos que hay que dar para tener un medio ambiente más sostenible y solidario.
La reunión de hoy y las que vendrán servirán para planificar políticamente los pasos que hay que dar, ha explicado García Molina, para quien, «con que se cumpliera la directiva marco del agua, que no es que sea demasiado exigente, es posible que en unos cuantos años tuviéramos un río que pudiera ser digno de ese nombre».
«No puede ser que el criterio económico y la supuesta rentabilidad económica de algunos acabe prevaleciendo sobre todos los demás», ha afirmado.
Por su parte, el presidente de la Plataforma para la Defensa del Tajo en Toledo, Alejandro Cano, ha incidido en la necesidad de cambiar la cultura del agua por ser en la actualidad «productivista y en absoluto rigurosa con los requerimientos de un bien público como es el agua».
Ha abogado por incorporar a la tarea legislativa el conocimiento científico que existe sobre cómo funcionan los ecosistemas acuáticos.
Cano también ha considerado que el trasvase Tajo-Segura es «insostenible incluso económicamente» y ha indicado que aunque «se esgrimen razones de peso económico para justificarlo, no es así».
«El trasvase nos cuesta ahora mismo más de 2.000 millones de euros a todos los españoles», ha lamentado Cano, quien también ha señalado que existe una «maraña» legislativa que hace difícil interpretar la ley.
Por otro lado, García Molina ha lamentado los incendios que se están registrando en el norte peninsular, «un desastre ecológico y humanitario que nos tiene que hacer reflexionar sobre la defensa de esos derechos fundamentales, porque son bienes comunes, el agua, el medio ambiente y la tierra en general».