La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a los 35 países más desarrollados del mundo, ha vuelto a dar la voz de alarma. Dentro de tres décadas, ha dicho, los jubilados españoles serán más pobres y la desigualdad en sus pensiones será más elevada que en el resto de esos países. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, debería tomar nota y empezar a abordar en serio con los sindicatos la búsqueda de fórmulas para garantizar pensiones dignas en el futuro.

En un informe titulado Evitando la desigualdad en la vejez, dado a conocer el 18 de octubre, la OCDE ha dicho que las pensiones en España serán cada vez más desiguales; que los jóvenes de hoy día tendrán más problemas en su jubilación, e incluso percibirán salarios inferiores a los de sus padres, y que el nivel de pobreza en España ha aumentado desde el inicio de la crisis económica en 2007, con especial gravedad en los niños, entre otras cosas.

En la actualidad, 30 ciudadanos españoles de cada 100 en edad de trabajar tienen más de 65 años y están jubilados. Según la OCDE, dentro de tres décadas habrá 76 jubilados de cada 100 personas, lo que situará a España como el segundo país más envejecido del mundo, por detrás únicamente de japón.

Más años de vida, más pensiones a pagar

Eso es positivo porque significa que las personas viven más años, pero también tiene una importante consecuencia económica: hay que pagar pensiones durante más años, lo que debe obligar a los gobiernos a adoptar las medidas necesarias para garantizarlas.

La parte negativa es que, como los salarios han disminuido y los jóvenes empiezan a trabajar con más edad -los que tienen trabajo, porque muchos están desempleados-, han disminuido mucho las cotizaciones a la Seguridad Social. Como consecuencia, cada vez hay menos dinero de esa procedencia para pagar las pensiones.

En otros países de la OCDE los jubilados perciben aproximadamente dos terceras partes de su pensión en función de lo que han cobrado y cotizado durante su vida laboral, mientras que en España la pensión depende casi en su totalidad de esos ingresos y cotizaciones mientras se trabajó. En muchos países se aplican fórmulas de redistribución, para que las pensiones no dependan casi exclusivamente de lo que se ha cotizado.

Los pensionistas pierden poder adquisitivo

Para agravar aún más el problema, el Gobierno que preside Mariano Rajoy modificó en 2014 el método para calcular cada año la revalorización de las pensiones. Ya no se incrementan según el Índice de Precios de Consumo (IPC) sino que solo un 0,25 por 100, en general. Eso se traduce en que los nueve millones y medio de jubilados españoles han perdido poder adquisitivo durante los últimos, porque el coste de la vida ha subido más que ese ridículo aumento de las pensiones, aunque el Gobierno lo niegue.

Los sindicatos están hartos de plantear propuestas al Gobierno para garantizar las pensiones en el futuro, pero las negociaciones caminan a paso de tortuga. La ministra Fátima Báñez debería escuchar a la OCDE, a los sindicatos y a los expertos, tomarse muy en serio este problema y buscar soluciones junto con los representantes de los trabajadores, en vez de negar una y otra vez algo tan evidente como que los pensionistas están perdiendo poder adquitivo.