«El Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha viene teniendo un comportamiento que en nada se parece a un responsable público que representa al Gobierno de España en una Comunidad Autónoma». Este es el aviso que hacen los diputados socialistas castellano-manchegos en el Congreso de los Diputados a la Mesa del Congreso previamente a la pregunta que han registrado esta mañana dirigida al Gobierno estatal, en la que piden que se aclare si respaldan sus declaraciones o piensan cesar a José Julián Gregorio

Los diputados, encabezados por el expresidente regional José María Barreda, preguntan al Gobierno de Mariano Rajoy si coinciden con José Julián Gregorio o si piensan cesarle, después de las manifestaciones que el delegado del Gobierno hizo ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha durante el Debate del Estado de la Región.

Gregorio, de forma irónica, expresó en rueda de prensa que parecía que el presidente regional, Emiliano-García Page,  estaba «pidiendo a gritos que se aplique el 155 para que el Estado corrija los problemas de la región». Momentos más tarde, fue el propio Page, en la tribuna, quien se dirigió directamente al delegado, presente en el Debate, así como a la bancada popular, a quienes les pidió su dimisión por tales afirmaciones.

Declaraciones graves que «no se deberían permitir»

Ahora, los siete diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de las provincias castellano-manchegas han denunciado la gravedad de las declaraciones que vienen «del representante del Gobierno de España en CLM», dada la situación actual en Cataluña. Con ello, achacan una frivolización que supone el hablar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, algo que «no se debería permitir».

Para José Miguel Camacho, diputado por Toledo en el GPS, Gregorio se dirige al presidente regional «permanentemente profiriendo insultos» lo que, a su juicio, parece que los realiza «el presidente provincial del PP en Toledo».

De esta forma, el diputado toledano ha recordado que en julio se solicitó la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ante la Comisión Constitucional del Congreso para informar sobre los criterios por los que se deben regir las relaciones institucionales del Gobierno central con los autonómicos.

Las preguntas planteadas tendrán que ser respondidas por el Gobierno central por escrito.