Hoy, la consejera de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha presentado el Plan que se encarga de gestionar, el de Garantías Ciudadanas. En él se establece casi el doble de la dotación para el Ingreso Mínimo de Solidaridad que tenía en el Plan establecido en 2016 y un tercio más que en 2017, hasta alcanzar los 15 millones de euros, según ha informado el Gobierno regional en una nota de prensa.
El Ingreso Mínimo de Solidaridad se irá transformando en una renta garantizada en Castilla-La Mancha. De forma progresiva, el ingreso que tienen las familias sin recursos se irá incrementando hasta alcanzar los 500 euros de media.
[ze_summary text=»Tres programas en el plan: garantías habitacionales, garantía de suministros y garantía de rentas»]Tres programas en el plan: garantías habitacionales, garantía de suministros y garantía de rentas[/ze_summary]
El Plan de Garantías en 2017 contemplaba una cuantía de 420 euros como Ingreso Mínimo para aquellos matrimonios que no tiene hijos, que se podría aumentar hasta los 480 euros en los casos con vástagos. Esta cuantía también se aumentó en 2017 desde los 363 euros que se establecieron en 2016.
De este modo, la partida destinada para este ingreso ha pasado desde los 8.250.000 euros de euros en 2016, a los 10.411.000 euros en 2017, alcanzado así los 15 millones de euros en 2018.
Esta es una parte de la rueda de prensa de la consejera para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno. El vídeo es del Castilla-La Mancha Media (CMMedia)
VÍDEO | Empleo y bienestar social: las claves del Plan de Garantías Ciudadanas #2018 ▶️https://t.co/P2cm9MwMNe @gobjccm @InmaculadaHerr pic.twitter.com/Seb3tZfkjy
— Noticias CMM (@CMM_noticias) 25 de octubre de 2017
El Plan se articula sobre «tres grandes programas»
Cabe recordar que el Plan de Garantías Ciudadanas tiene un aumento significativo en su dotación presupuesta en el proyecto de Ley Presupuestos para 2018, que pasa de los 119 millones que tenía en 2017 a los 143 con los que contará en 2018. Los mayores aumentos se registran en empleo, con un 25,1 por 100, y en bienestar social, donde la subida es del 17 por 100.
Para Herranz, el Plan es un «mecanismo integral e integrador para garantizar las condiciones de vida de la ciudadanía de Castilla-La Mancha», ya que «condensa los diferentes programas, principios y procedimientos para que la administración y el Gobierno regional contemplen de forma general y conjunta tales derechos y objetivos».
El Plan de Garantías Ciudadanas se articula sobre tres grandes programas: el de garantías habitacionales, de garantía de suministros y de garantía de rentas.
Sobre el primero de ellos, el de garantías habitacionales, un 13,1 por 100 de los castellano-manchegos asegura que tiene retrasos para pagar la hipoteca. El objetivo del programa es «evitar situaciones de riesgo habitacional; recuperar y regularizar la situación de habitabilidad del parque público de vivienda; garantizar el derecho de permanencia en la vivienda ante situaciones de insolvencia sobrevenida; y la elaboración y desarrollo de una Ley integral de vivienda que sancione la efectividad del derecho de acceso a la vivienda».
Además, hasta en 24.000 hogares de CLM afirman que no han podido encender alguno de los aparatos eléctricos del hogas por no poder pagar la factura. Ante este problema, «la garantía de suministros básicos se enfoca en minimizar los efectos derivados de las situaciones de pobreza energética; actuar ante situaciones de endeudamiento que puedan conllevar cortes de suministros eléctricos, e informar y formar al colectivo de consumidores», explica el comunicado.
Por último, el 37,9 por 100 de la población de la región se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. El programa de garantía de rentas es la respuesta a esta estadística que sitúa a la región como la cuarta peor de España. El programa «se articula en base a un mercado de trabajo inclusivo que favorezca el acceso de las personas con mayores dificultades para conseguir un primer empleo o retornar al mercado laboral; el acceso a unos servicios de calidad que promuevan su inclusión económica y social; y un apoyo a la renta adecuado que garantice el derecho de todas las personas a unos recursos y prestaciones suficientes».