La abogada especializada en medio ambiente Pilar Martinez, conocida por su trabajo junto a la Plataforma de Afectados por la Ampliación de la ZEPA de la Laguna del Hito y a los ayuntamientos de Zafra de Záncara, Villarejo de Fuentes, Villares del Saz y Saelices, ha compadecido en el Congreso de los Diputados para denunciar un «abuso del derecho y faude de ley» por parte del Gobierno de Emiliano García-Page con la ampliación del espacio protegido de la Laguna de El Hito en Cuenca para frenar la construcción del ATC en Villar de Cañas.
La letrada ha criticado «la arbitrariedad, desviación de poder, abuso del derecho y fraude de ley», ya que el ejecutivo castellaono-manchego, según señala no busca «proteger especies», sino que trata de «oponerse e impedir la construcción de una instalación nuclear», para lo cual se ha usado interesadamente la normativa medioambiental.
Carencias en los informes, sin causas de protección
En su ponencia en el Congreso, Martínez ha recordado que la ampliación a 25.000 hectáreas de la ZEPA de El Hito, que incluye los terrenos cedidos para la construcción del ATC en Villar de Cañas, se produjo después de aprobarse un Plan de Gestión sin que hubiera circunstancias especiales que justificaran dicha decisión, que fue adoptada por Acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico en julio de 2015, para luego ser resuelto en Decreto en octubre de 2016.
De esta forma, Pilar Martínez, quien llevó al Tribunal Superior de Justicia de CLM y al Supremo la suspensión cautelar de ambos acuerdos del Gobierno regional, ha subrayado el «interés público» de la «preeminencia de la seguridad nuclear», así como ha reseñado los informes de expertos realizados por José Carlos Escudero, catedrático emérito de Ecología y doctor en Ciencias Biológicas y Domingo Gómez, Doctor Ingeniero Agrónomo y Catedrático de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la UPM, estudios que revelan «carencias esenciales en los informes técnicos que avalan la ampliación de la ZEPA e inexistencia de causas de protección real», asumen en nota de prensa.
No se ha contado con la participación de ciudadanos afectados
Por lo tanto, ha denunciado que no se ha respetado el principio de garantía de la información y participación de los ciudadanos afectados, que han tenido que superar las barreras judiciales, así como tampoco se ha incluido una memoria económica necesaria en los procedimientos llevados a cabo por el Gobierno regional. Así, ha defendido que no figura un mapa de Hábitats de Interés Comunitario, algo necesario para justificar y definir la ampliación de la zona protegida como se exige desde la UE.
La Directiva Hábitats a la que ha apelado la jefa del bufete de abogados para definir los requisitos de la ampliación de la zona protegida, fue el mismo texto europeo al que hizo referencia en su momento el propio consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, cuando se reunió con el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, para pedir que la UE ampare esta ampliación.
Según la abogada, lo más grave es que en el procedimiento de ampliación de la ZEPA se hayan tomado «como base» unos informes realizados en un plazo insuficiente y, por lo tanto «carentes de validez», ya que se realizaron «fuera de una época reproductora de las especies protegidas», ha denunciado. Por lo tanto, este procedimiento sería ilegal dada la «inadecuación de los informes».