Varios diputados de la oposición en el Congreso han criticado, en declaraciones a Efe, la propuesta de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de reducir a la mitad el número de diputados regionales y suprimirles el sueldo, y ven un retroceso esta última medida.
Frente a los reproches de la oposición a esta medida, el PP ha defendido a su secretaria general y ha recordado que cada parlamento autonómico decide las compensaciones y retribuciones de sus miembros.
En cualquier caso, los populares explican que los diputados cobran un sueldo por mandato constitucional, ya que el artículo 71.4 de la Carta Magna señala que diputados y senadores deben cobrar una asignación por su labor que fijarán sus respectivas Cámaras.
De «demagógica y prefascista» califica la resolución el diputado socialista Miguel Cortizo, para quien el «oportunismo» de Cospedal es «peligrosísimo para el propio sistema».
Cortizo cree que en tiempos como éstos se debe proteger a las instituciones, aunque admite que se podrían suprimir algunas como el Senado y las diputaciones provinciales.
Defiende esta postura porque en el caso del Senado se lleva años hablando de dotar a esta Cámara de más funciones pero no se acaba haciendo y, en el caso de las diputaciones, porque «no tienen ningún sentido».
El diputado de IU Gaspar Llamazares rechaza que la medida de Cospedal se haga en pro del ahorro y cree que va «contra el pluralismo».
Es una propuesta «antidemocrática, una vuelta al siglo XIX», ha recalcado Llamazares, quien cree que en el PP están «muy nerviosos» porque están perdiendo apoyos y quieren «agarrarse a un clavo ardiendo».
«Si Cospedal quiere ahorrar que empiece por su gabinete», ha dicho el diputado de IU, que además ha recomendado a los populares que «no transiten por el camino del populismo, que es muy peligroso».
Al igual que Llamazares, la diputada de UPyD Irene Lozano ve en la medida una vuelta al siglo XIX, y además advierte de que lo único que se consigue con la reducción de diputados es reforzar el bipartidismo.
«Los parlamentos se hacen para que los ciudadanos estén representados y no para ahorrar», ha añadido Lozano, quien cree que Cospedal «trata de fingir» que atiende a una reclamación de los ciudadanos para que los políticos gasten menos cuando en realidad el mayor gasto está en las empresas públicas, «sobre todo autonómicas» donde «se enchufan a amigos y familiares».
La diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas se opone también porque suprimir los sueldos de los parlamentarios supondría dejar la política «en manos de gente rica, que tuviera un patrimonio personal».
Tras subrayar que «ninguna empresa» dejaría a un trabajador salir cuatro días a la semana para cumplir con su trabajo como parlamentario, Oramas ha considerado que esta idea «sólo se le puede ocurrir a una persona de derechas y con visos antidemocráticos».
Frente a las críticas de la oposición, José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz adjunto del PP en el Congreso, defiende la decisión de la secretaria general de su partido.
Bermúdez ha recordado a Efe que cada parlamento autonómico define el número de representantes que tiene y su sistema de compensaciones. «No es algo homogéneo», explica.
El portavoz popular considera que, del mismo modo que se pide un esfuerzo a los ciudadanos, es normal que lo hagan los parlamentarios, si bien recuerda a Efe que en el caso del Congreso y el Senado la asignación la ordena la Constitución.
En cualquier caso, subraya que la Cámara Baja no ha dudado en aplicar para los diputados medidas que han sufrido muchos ciudadanos, como el recorte de los sueldos y la supresión de la paga extraordinaria.