Renfe cancelará el próximo lunes 302 trenes de alta velocidad y larga y media distancia por la huelga ferroviaria de 24 horas convocada por los sindicatos en la operadora pública, en Adif y en Feve en protesta por la liberación del sector. El Ministerio de Fomento ha decretado unos servicios mínimos del 73 por 100 en los trenes de alta velocidad y larga distancia, lo que supone que de los 358 trenes afectados por la huelga circularán 261 y 97 serán cancelados, de acuerdo con la información publicada hoy por Renfe en su página web.
Para los trenes interurbanos, se garantizan unos servicios mínimos del 65 por 100, por lo que de los 587 trenes afectados por la huelga circularán 382 y 205 serán cancelados.
En cuanto a los trenes de mercancías, de los 229 trenes afectados por el paro de 24 horas, circularán 46 y se cancelarán 183, lo que supone unos servicios mínimos del 20 por 100.
En Cercanías Madrid, circulará el 75 por 100 de los trenes en hora punta, mientras que para el resto de horarios será de un 50 por 100.
Para Adif, el porcentaje del personal de servicios mínimos representa un 18,35 por 100 del total de la plantilla.
En cuanto a Feve, los servicios esenciales acordados oscilan según las diferentes gerencias entre un 5,68 por 100 en el ámbito corporativo y el 31,26 por 100 en el de gestión de capacidad de la red, ha informado hoy el Ministerio de Fomento en un comunicado.
De acuerdo con el Real Decreto Ley aprobado el 20 de julio pasado por el Gobierno, a partir del 31 de julio de 2013 quedará liberalizado el transporte ferroviario nacional de viajeros.
En este nuevo escenario de liberalización y competencia, el objetivo de Fomento es lograr un incremento del número de operadores, ampliar el acceso de los ciudadanos a servicios de alta velocidad, aumentar las mercancías transportadas y conseguir, por tanto, un servicio de calidad más competitivo y con menores precios.
Sin embargo, los sindicatos critican que los planes del Gobierno ponen en peligro miles de puestos de trabajo y «empeorarán el servicio», al tiempo que consideran que la liberalización del sector supone una privatización encubierta.