CC.OO. ha anunciado hoy que la Inspección de Trabajo, tras la denuncia del sindicato, «ha constatado que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural puso en riesgo la salud de una agente medioambiental embarazada, situación que califica de muy grave en materia de seguridad y salud laboral», tal y como han informado hoy.

La agente medioambiental embarazada solicitó su adaptación y hasta un mes después…

El caso al que se refieren se remonta a 2016, «cuando la agente embarazada solicitó el 26 de abril la adaptación o cambio de puesto de trabajo, pero la Consejería tardó un mes en atender su petición, dando salida a la resolución el 27 de mayo. Y en ese período a la agente se le asignaron servicios de los que debía estar excluida según establece el protocolo de prevención».

CC.OO. recalca que entre las funciones que se le asignaron «estaba la vigilancia de quemas o la recogida y traslado de fauna al CERI (Centro de Estudio de Rapaces Ibéricas) de Sevilleja de la Jara, cuando los ejemplares que se trasladan allí son animales que han sufrido daños ya sean traumatismos o disparos o que están afectados por venenos o por enfermedades como pueden ser botulismo o gripe aviar. En cualquier caso, son animales que no han sido sometidos a ningún tipo de control sanitario y que portan parásitos o insectos como pulgas o garrapatas».

Y lamentan que, «una vez emitida la resolución, no se produjo un cumplimiento estricto de la misma o no se transmitió a los mandos intermedios a los efectos de que la aplicaran íntegramente, de forma que la agente medioambiental embarazada siguió somedtida a turnicidad y se le siguieron asignando trabajos en solitario, circunstancias ambas que el servicio de prevención indica que han de evitarse durante la gestación».

Por ello la Inspección de Trabajo ha señalado que «el embarazo supone cambios fisiológicos y psicológicos que pueden no ser compatibles con el trabajo habitual, más aún cuando el trabajo que se desarrolla habitualmente se realiza en zonas aisladas, de difícil comunicación, donde hay que desplazarse con vehículos por el campo y se puede estar expuesto a riesgos muy variados. No es lo mismo, sin duda, el trabajo que se puede desarrollar en una oficina como el que se lleva a cabo por un agente medioambiental».

Y requiere a la Consejeria «a agilizar los trámites formales mediante los cuales a las trabajadoras embarazadas se las declara en situación de necesidad de adaptación de sus puestos de trabajo, específicamente en aquellos casos como el de las funcionarias del cuerpo de Agentes Medioambientales, en el que los riesgos a los que se hayan expuestas son claros y evidentes».

CC.OO. afirma que «no se trata de un caso aislado, ya que esta Consejería ha tratado del mismo modo a todas las agentes medioambientales que se han quedado embarazadas». Y piden al consejero, Francisco Martínez Arroyo, que no puede «eludir sus responsabilidad ni mucho menos hacer caso omiso del requerimiento de la Inspección de Trabajo».