Los presidentes de Andalucía y Canarias, José Antonio Griñán y Paulino Rivero, respectivamente, han pedido hoy la convocatoria de una reunión del Comité Permanente Técnico de Evaluación del sistema de financiación autonómica con el fin de revisar el modelo, «pues perjudica a sus comunidades y a otras como Castilla-La Mancha», consideran. En conferencia de prensa tras reunirse hoy en Sevilla para analizar el modelo actual de financiación autonómica y la próxima Conferencia de Presidentes, ambos han rechazado que el objetivo de este encuentro sea establecer un «frente común» contra el Gobierno.
En conferencia de prensa tras reunirse hoy en Sevilla para analizar el modelo actual de financiación autonómica y la próxima Conferencia de Presidentes, ambos han rechazado que el objetivo de este encuentro sea establecer un «frente común» ante el Gobierno.
Han puntualizado que la intención es, por el contrario, acordar un marco común entre las comunidades y el Gobierno de España que ponga de manifiesto los desajustes que se están produciendo en la aplicación del modelo, de forma que se pongan en marcha las fórmulas de compensación previstas en la propia Ley de 2009.
Tras la reunión de hoy, que ha sido calificada de «cordial» y «fructífera», ambos presidentes han defendido la necesidad de que el Comité analice los resultados de la aplicación del modelo de financiación para que «se busque la manera de compensar» a Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia, «perjudicadas» en las liquidaciones anuales.
«No pretendemos un modelo nuevo, sino una aplicación más correcta y equitativa del modelo vigente», ha puntualizado Griñán, que ha insistido en que hay introducir las «modificaciones necesarias» para que ninguna comunidad resulte perjudicada.
Rivero ha coincidido en que hay que garantizar la «equidad» en la prestación de los servicios básicos, que se financian con las aportaciones de todos los ciudadanos, pero la actual aplicación del sistema «está haciendo más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres»
«Los ingresos del Estado cayeron espectacularmente en 2009 como consecuencia de la crisis, y eso ha producido un desequilibrio que perjudica a las autonomías con rentas más bajas, con más paro», se ha quejado Rivero, que aboga por buscar una fórmula para corregir esa evolución del sistema.
Según Rivero, la aplicación actual está provocando unas pérdidas de 800 millones de euros anuales en el caso de Canarias y de más de 1.000 millones en Andalucía.
Ambos presidentes aseguran que utilizando los mecanismos previstos en la propia ley, es decir la convocatoria del Comité Permanente Técnico de Evaluación, se pueden encontrar fórmulas que «nos ayuden a atenuar esas pérdidas para garantizar la convergencia» en la prestación de los servicios básicos.
«Hay que encontrar esas fórmulas desde la reflexión, la madurez y el diálogo», ha señalado Rivero en referencia a la Conferencia de Presidentes del próximo 2 de octubre, unas fórmulas que puedan corregir el desequilibrio sin perjudicar a otras regiones.
Se ha mostrado convencido de que los presidentes de las otras tres comunidades afectadas trabajarán en la misma línea porque tienen «el mismo problema» y el «objetivo común es defender los intereses de los ciudadanos».
Tampoco creen que se vayan a oponer el resto de las comunidades porque, ha dicho, «no se trata de restarle recursos al resto de las autonomías, y hay fórmulas para avanzar en la convergencia».
El presidente canario ha revelado que en su reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hablaron de este asunto y que también lo trató con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que fue quien le «sugirió» que pidiera la reunión del Comité de Evaluación.
También ha analizado este tema con los presidentes de Murcia y Valencia, «y todos vemos que los ciudadanos a los que representamos tienen menos recursos para los servicios básicos, todos queremos que se lleve a cabo la corrección».
«Estaban previstos fondos compensatorios que no se están aplicando, ni los que estaban en el sistema ni otros, como el Fondo de Compensación Interterritorial, lo que ha provocado una evolución negativa», ha explicado Griñán.
Ha avanzado que aportarán «datos objetivos», como la financiación ya liquidada de 2010, que «demuestra que hay comunidades que están por debajo de la media de ingresos» y ha recalcado que tienen legitimidad para pedirlo porque su endeudamiento está por debajo de la media, de forma que han hecho «los deberes».