Aquí, el que la hace la paga. Aunque a veces parece que no es así, porque la Justicia es lenta y tarda demasiado en dictar sus sentencias definitivas, en general se puede decir que, salvo algunas excepciones -que también las hay-, quien comete un delito termina pagando por ello. Eso le ha ocurrido a Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán, un constructor cordobés metido a político que acaba de ingresar en la cárcel para cumplir una condena de cinco años de prisión y 111 millones de euros de multa por defraudar a la Hacienda Pública.

¿Quién le iba a decir a él que, a los 73 años, después de haber perdido su gran imperio empresarial, iba a entrar en prisión por defraudar 29 millones de euros a la Hacienda Pública? Pues se lo ha dicho la Audiencia Provincial de Córdoba, que ha confirmado la condena dictada en febrero último por un juzgado de esa capital. Rafael Gómez tiene pendiente un recurso contra esa sentencia y una petición de indulto al Gobierno, pero los jueces han decidido que, mientras eso se resuelve, debe empezar a cumplir la condena.

Un imperio de 50 empresas y 8.000 trabajadores

Sandokán es un buen ejemplo del empresario hecho a sí mismo y sin apenas formación -él dice que es «prácticamente analfabeto»- que desde la nada llega a millonario. Después de ser cabrero y trabajar en el negocio de la conocida joyería cordobesa, en los años del boom del ladrillo comenzó en el mundo de la construcción, llegó a tener 50 empresas y más de 8.000 trabajadores y un día decidió dedicarse a la política, vaya usted a saber por qué razones.

Los negocios que hizo con el Ayuntamiento de Marbella, cuando el alcalde era Jesús Gil y Gil, terminaron con su detención en 2006 en la Operación Malaya y su condena a seis meses de prisión: se demostró que había pagado 600.000 euros a cambio de que le concedieran licencias urbanísticas para construir. Ahí comenzó el declive de su imperio, que después acabó con el cierre de todas sus empresas y los trabajadores despedidos.

De acreedor del ayuntamiento a concejal

Siguiendo el ejemplo de Jesús Gil en Marbella, y con un lenguaje igual de populista, Rafael Gómez fundó el partido político Unión Cordobesista (UCOR), se presentó a las elecciones municipales de 2011 en Córdoba, logró cinco concejales y se convirtió en el jefe de la oposición. Sandokán era entonces el mayor acreedor de ese Ayuntamiento, que le había multado con 20 millones de euros porque construyó la sede central de sus empresas ilegalmente cerca del importantísimo conjunto arqueológico de Medina Azahara. Cuatro años después, en las siguientes elecciones municipales, su candidatura solamente logró un concejal, él, que dimitió y dejó el puesto a un sobrino.

Rafael Gómez no es el único caso de empresario de éxito que va a la cárcel. ¿Recuerdan a Gerardo Díaz Ferrán? Era copropietario del desaparecido grupo Viajes Marsans -entonces el mayor operador turístico de España-, fue presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y lleva cinco años en prisión por defraudar a la Hacienca Pública y otros delitos.

¿Recuerdan a Julián Muñoz? Emigró desde El Arenal (Ávila) a Marbella, allí trabajó de camarero, entró en política de la mano de Jesús Gil, le sustituyó como alcalde y terminó condenado en varios juicios por distintos delitos de corrupción. En el camino se convirtió en personaje de la prensa del corazón porque fue pareja sentimental de la cantante Isabel Pantoja, que también fue condenada y cumplió la pena de cárcel.

Dinero fácil con el ladrillo

En los años del boom inmobiliario hubo muchos casos como los de Rafael Gómez, Sandokan y Julián Muñoz, unos más conocidos que otros. Fue una época en la que hubo quienes, impresionados por lo fácil que era conseguir mucho dinero con el ladrillo, no dudaron en sobornar a cargos públicos, maniobrar para conseguir recalificaciones de terrenos y licencias de obras y actuar de la manera que ningún empresario debería hacerlo nunca.

Unos han terminado en la cárcel y otros están pendientes de juicio, estos últimos con su derecho a la presunción de inocencia. Pero casos como los de Sandokán, Díaz Ferrán, Julián Muñoz y una larga lista de constructores, banqueros, políticos y corruptos de todo pelaje y condición permiten decir que quien la hace, la paga. Aunque la Justicia sea lenta y tarde más de lo deseable en dictar sus resoluciones.

Hay quien consigue librarse de esa señora con los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra que representa a la Justicia. Pero son la excepción. Esto deberían pensarlo quienes deciden coger atajos y hacer lo que nadie debería hacer en democracia para conseguir dinero, triunfos o poder. En cualquier actividad de la vida.