En la última Gaceta Sindical de CC.OO., el sindicato pedía al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, «que no responda con sanciones administrativas las expresiones del profundo malestar social». En el artículo se apunta que «solo durante este verano se ha impuesto más sanciones a los interinos que se han movilizado en defensa de sus puestos de trabajo que en toda la historia de Castilla-La Mancha».
A los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF están llegando las reclamaciones de afiliados que han sido sancionados por participar en alguna de las manifestaciones o concentraciones de este verano. Sanciones de 600 euros que llegan ahora y que ha sorprendido a los sindicatos por las «formas» en las que se han impuesto.
Casos como «portar una pancarta» o quedarse un grupo en el parque tras una concentración, que ya había finalizado, pedirle los datos porque «era algo rutinario» y luego encontrarse con la sanción por «alterar el orden público». Casos así son los que están llegando a las sedes sindicales desde donde lo estudian para recurrirlas posteriormente.
Hace una semana el secretario general de CC.OO. y de UGT, José Luis Gil y Carlos Pedrosa, respectivamente, y el presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Juan Pinilla, se reunieron con el delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador.
Como posteriormente explicó José Luis Gil en rueda de prensa le trasladaron su preocupación «por el deterioro de la calidad democrática de la región», ya que «se han producido en los últimos seis meses más expedientes sancionadores que en toda la historia de Castilla-La Mancha».
Además, desde los sindicatos consideran que «no nos parece de recibo» que pongan estás sanciones «sin avisar».
Desde las centrales sindicales confirman que «no se ha alterado el orden público» en ninguna manifestación o concentración de las que se ha realizado, porque «no ha habido detenciones ni nada».
Este diario se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno para confirmar las denuncias, pero de momento han preferido no dar ningún dato al respecto.
13 PERSONAS MULTADAS EN TALAVERA
A estos casos se suma que un mínimo de 13 personas han sido multadas en Talavera con entre 600 y 800 euros por participar en concentraciones o acciones de protesta contra los recortes. Por ello han emprendido una campaña de recogida de firmas para pedir el archivo de esos procedimientos sancionadores, informa EFE.
Las cartas informando de las multas han llegado a nombre de tres sindicalistas de CCOO, seis padres y madres integrantes de Ampas de colegios públicos, un profesor, un miembro del sindicato de estudiantes, y dos integrantes de IU, personas a las que la Policía Nacional pidió el DNI durante actos de protesta a favor de la educación pública, la sanidad o las políticas de igualdad.
Varios de los afectados, respaldados por la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales de Talavera, y han leído un manifiesto en el que denuncian que «amordazar al pueblo con multas y represión es propio de las dictaduras más casposas».
Los afectados han lamentado que con dichas sanciones quieren «amedrentar» y «reprimir a los sectores más concienciados de la ciudadanía, personas que luchan por una sociedad más justa, democrática e igualitaria», llegando además días antes del inicio del curso escolar, para intentar frenar posibles nuevas protestas.
ACTOS PACÍFICOS
Los afectados ya han presentado alegaciones contra unas multas que tildan de «desproporcionadas» y «arbitrarias» pues los que se enfrentan a multas más altas, de 800 euros, son acusados de ser promotores u organizadores de las movilizaciones, y no meros participantes, en actos que fueron pacíficos, sin cortes de tráfico ni molestias a los ciudadanos.
Además de recurrir las multas e iniciar una recogida de firmas para que se retiren, han solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno en Toledo, José Julián Gregorio, al que hacen «personalmente responsable» de dichas sanciones.
Juan Valverde, del sindicato de estudiantes, ha explicado que tiene un juicio por desobediencia a la autoridad el 5 de diciembre, tras reclamar a un agente de policía que le mostrara su identificación.
Por su parte, Vicente Carraledo, de la agrupación de Ampas de varios centros públicos que a finales de junio realizaron acciones contra los recortes, ha dicho que a él le han multado con 800 euros, tras identificarle como organizador de las protestas, algo que niega, y por «cruzar repetidamente un paso de cebra con pancartas».
Seis miembros de Ampas que el 22 de junio participaron en un acto reivindicativo y fueron recibidos por el alcalde y cuatro concejales, también han sido multados.
A la salida de la reunión les pidieron el DNI y ahora han recibido cartas donde les informan de las multas, cuatro de 600 euros y dos de 800 euros.
Carraledo ha asegurado que es necesario que la gente conozca lo que está sucediendo y ha señalado que no tienen miedo y que van a seguir con la lucha, «aunque quizá con más cautela», pues los recortes se están dejando notar y les dan fuerza para seguir reivindicando calidad educativa para sus hijos.