El Deportivo Guadalajara, como se preveía tras las solicitudes de el extécnico Carlos Pérez Salvachúa y el excapitán Jorge Martín, ha entrado hoy jueves oficialmente en concurso de acreedores.
Al respecto, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha informado que la actual situación del CD Guadalajara, que hoy ha entrado oficialmente en concurso de acreedores, «impide cualquier colaboración económica» por las administraciones públicas.
CD Guadalajara: ¿el fin?
De esta forma se ha pronunciado el regidor guadalajareño después de que el juez haya nombrado como administrador concursal a Pedro Bautista Martín, que cuenta con gran experiencia ya que también fue el responsable de otros concursos de clubes de fútbol, como el del Rayo Vallecano madrileño.
«Me gustaría que el CD Guadalajara tuviera una situación saneada, que sus propietarios dieran una solución. Sería positivo para la ciudad», ha explicitado el alcalde, quien ha dicho no conocer la deuda real del club y sí «aquellas que han llegado al Ayuntamiento, vía Agencia Tributaria», ha precisado.
Román, que ha dejado claro que la deuda ha impedido la firma de un convenio con el Ayuntamiento «al no ser posible dar ayudas económicas» en tal estado, ha asegurado que «además de una Sociedad Anónima, el CD Guadalajara es el sentimiento de una ciudad y cuando estuvo en Segunda División se respiraba optimismo y ahora que las cosas van mal vivimos una situación de pesimismo».
«Estamos a la espera de lo que los jueces determinen y mi sentimiento es que el club de fútbol con más historia de la ciudad volviera al lugar donde estuvo y que no lo hubiese perdido», ha ampliado el regidor.
[ze_summary text=»Tal vez sea una oportunidad para recobrar las ayudas municipales «]Tal vez sea una oportunidad para recobrar las ayudas municipales [/ze_summary]Respecto a que entrar en concurso de acreedores «tal vez sea una oportunidad para recobrar las ayudas municipales», según han observado fuentes del club, el regidor ha precisado: «Nosotros debemos cumplir y hacer cumplir la ley, porque las sociedades que tienen deudas con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, o tienen embargos judiciales, no pueden tan siquiera concursar a convocatorias públicas de subvenciones», ha zanjado.